Caso Ayotzinapa: reanálisis de llamadas identifica a 17 nuevos sujetos de investigación
El caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ha entrado en una nueva etapa de investigación bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, con un análisis detallado de millones de documentos, registros telefónicos, declaraciones y peritajes. Según el informe presentado por el gobierno federal, este análisis ha permitido identificar a 17 nuevos sujetos de investigación, establecer nuevas líneas de búsqueda y ejecutar cateos y órdenes de aprehensión.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), informó que el proceso de digitalización y sistematización de la información acumulada durante más de una década ha avanzado significativamente, con un 90% de avance equivalente a aproximadamente 5 millones de fojas distribuidas en 3 mil tomos.
El objetivo de esta nueva metodología es revisar de manera conjunta documentos, testimonios, registros telefónicos, dictámenes periciales y comunicaciones para encontrar conexiones que no habían sido advertidas en investigaciones anteriores. Este análisis ha permitido identificar nuevas conexiones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con establecimientos y servicios.
Entre las nuevas líneas de investigación se encuentra la relacionada con funerarias y el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala. El informe señala que integrantes de la organización criminal mantuvieron comunicaciones con personal de funerarias y del sector salud. En particular, identifica a Rodolfo “N” y a su familia como propietarios de funerarias, concesionarios del SEMEFO municipal y participantes en la administración de un panteón.
De acuerdo con la investigación, esta situación habría permitido que una misma persona tuviera participación en distintas etapas relacionadas con el levantamiento, identificación, certificación, resguardo y destino de cuerpos. En agosto de 2025 se estableció que Rodolfo “N” utilizó un equipo telefónico perteneciente al estudiante Julio César “N”, elemento que, según el informe, fortaleció los indicios sobre una posible relación entre personal de las funerarias y la desaparición de los normalistas.
Como resultado de esta línea de investigación, en octubre de 2025 la UEILCA ejecutó órdenes de cateo en la Funeraria El Ángel, donde fueron localizados un fémur humano, un arma de fuego, documentación relacionada con Irving “N” y un horno crematorio clandestino. Posteriormente, el 8 de diciembre de 2025, se realizó un cateo en el Servicio Médico Forense de Iguala.
Las diligencias realizadas entre marzo y junio de 2026 permitieron localizar 23 indicios, entre ellos cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentación. El informe precisa que los restos se encuentran bajo análisis multidisciplinario para determinar si corresponden a restos humanos, establecer su antigüedad, obtener perfiles genéticos y determinar posibles coincidencias con personas desaparecidas, incluidos los estudiantes de Ayotzinapa.
Otra de las líneas reabiertas corresponde a los teléfonos de los estudiantes. El reanálisis de los registros permitió recuperar información relacionada con los dispositivos de tres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Aníbal Cruz Mendoza e Israel Caballero Sánchez. En el caso de Israel Caballero Sánchez, el análisis de telefonía, de acuerdo con el informe, refuerza una línea de investigación relacionada con el posible traslado de algunos estudiantes a la barandilla de Iguala.
El informe sostiene que estas imágenes son relevantes porque las cámaras se encontraban frente al punto donde algunos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron y pudieron haber registrado momentos relacionados con los hechos. A partir del reanálisis, las autoridades investigaron la posible participación de servidores públicos estatales en el ocultamiento de esas grabaciones.
El informe también da cuenta de procesos de extradición considerados relevantes para esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014. Uno de ellos corresponde a José Ulises “N”, sobre quien existe una orden de aprehensión por desaparición forzada. Los testimonios recabados ubican a aproximadamente 17 normalistas en la comandancia municipal de Iguala antes de su traslado a un destino desconocido.
En el caso de Tomás “N”, buscado por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos, el Gobierno reporta que ha mantenido comunicación con autoridades de Israel. Además, Estados Unidos realizó dos deportaciones controladas a México de personas vinculadas con las investigaciones: Edgar Damián “N”, el 26 de junio de 2025, y Juan Alberto “N”, el 5 de noviembre de ese año.
El informe plantea que esta nueva etapa busca contrastar información que permaneció dispersa durante años y abrir líneas de investigación a partir de los nuevos elementos obtenidos. Los análisis periciales de los restos encontrados y las investigaciones sobre los posibles traslados, las videograbaciones y las comunicaciones telefónicas permanecen en curso.
