ONU insiste en examinar desapariciones en México como crímenes de lesa humanidad
La Comisión para la Prevención de la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un comunicado en el que se señalan indicios de desapariciones forzadas en México que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad. Según el organismo, la Asamblea General debe considerar esta situación con urgencia.
Este comunicado se presentó durante la sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General, celebrada en Nueva York el pasado 20 de octubre. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y organizaciones mexicanas confirmaron que el organismo apelará al procedimiento definido en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Personas Desaparecidas.
Esta decisión se basa en una evaluación realizada en abril de 2026, en la que se identificaron patrones criminales y el incremento de desapariciones desde 2006. El Comité señaló indicios de desapariciones cometidas por autoridades y por criminales con la colaboración de funcionarios públicos.
El informe destaca la magnitud de la crisis, con más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas en México hasta febrero de 2026. Además, se resalta la impunidad en estos casos, calificada prácticamente como absoluta.
El procedimiento del Comité no implica una sentencia judicial ni establece responsabilidades penales. Su objetivo es llamar a la Asamblea General para promover la cooperación internacional y facilitar asistencia técnica, financiera y especializada en la búsqueda y la investigación de desapariciones.
Organizaciones como la FIDH, IDHEAS y colectivos de familiares respaldaron esta decisión. Han pedido que el procedimiento permita la participación de las víctimas y sus familias, y impulsen investigaciones sobre los vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales. Sugieren que la reforma interna de la Fiscalía General de la República incorpore estas demandas, incluyendo discusiones sobre mecanismos de justicia transicional.
El Gobierno de México ha rechazado esta decisión, calificándola de tendenciosa y sin fundamentos jurídicos. No obstante, las organizaciones insisten en que el Estado debe asumir una actitud constructiva y aceptar la cooperación internacional para fortalecer las investigaciones y las acciones de búsqueda.
