¿Quién protege al contribuyente? El IMSS vacía cuentas de empresas por adeudos que no existen
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A pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha reconocido a nivel nacional la existencia de un esquema de fraude masivo presuntamente operado desde el interior, ha continuado con los embargos y el congelamiento de cuentas bancarias, infringiendo una clara violación a las suspensiones definitivas emitidas por jueces federales. Esto ha dejado al sector empresarial en un estado de indefensión y zozobra jurídica.
El abogado Juan José Rojas Torres, titular del despacho jurídico Más que Derecho y asesor legal de una de las empresas afectadas, Comercializadora Pecuaria de México, detalló la gravedad de esta red de corrupción que vulnera por completo el Estado de Derecho y la certidumbre económica del empresariado.
La problemática se originó a principios de este año debido a una presunta filtración masiva de datos en el IMSS nacional, donde quedaron expuestas las firmas electrónicas (e-firmas) de diversas empresas. En abril, un tercero ajeno a la compañía utilizó indebidamente la e-firma y un poder falso de Comercializadora Pecuaria de México para dar de alta, vía el escritorio virtual del IMSS, nueve registros patronales en distintas regiones del país, incluyendo el estado de Jalisco. A través de estos registros apócrifos, se afiliaron de forma fraudulenta a más de 6,000 trabajadores. La empresa afectada jamás solicitó dichos registros, no opera en esos estableimientos ni ha tenido relación laboral alguna con esos miles de empleados.
La compañía detectó la anomalía en mayo, procediendo de inmediato a la revocación y renovación de su e-firma, así como a la presentación de una queja formal ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) para requerir información a las subdelegaciones implicadas. Posteriormente, en julio, interpusieron una denuncia penal por usurpación de identidad ante la Fiscalía y promovieron un juicio de amparo ante la justicia federal.
Como resultado del juicio de garantías, un Juzgado de Distrito concedió a la empresa una suspensión definitiva que ordenaba explícitamente al IMSS Nacional y a la Subdelegación de Gómez Palacio abstenerse de realizar cualquier gestión de cobro o ejecución de créditos fiscales derivados de este fraude mientras se resolvía el fondo del asunto.
No obstante, el IMSS ignoró el mandato judicial. El pasado 30 de octubre, el instituto ordenó y ejecutó el congelamiento de las cuentas bancarias de la empresa por un monto de 2 millones 600 mil pesos. Estos recursos retenidos corresponden a supuestos créditos fiscales por cuotas obrero-patronales omitidas de los 6,000 trabajadores fantasma.
“Es muy grave porque el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica se caen a pedazos para el empresariado. Acudes a la Prodecon, acudes a la Fiscalía, acudes a un juez federal que te otorga la protección de la ley, y aun así al instituto no le importa y ordena el embargo”, alertó el abogado.
La defensa sostiene que la inacción del IMSS para dar de baja a los trabajadores falsos y su insistencia en cobrar créditos ilegales obedece a un beneficio económico directo para la propia institución, lo que sugiere la complicidad de funcionarios públicos.
“Creemos que hay personas dentro del instituto vinculadas a este fraude. El IMSS tolera y realiza estas acciones porque al final del día ellos se benefician cobrando esos créditos fiscales”, expuso Rojas.
Ante la consumación del embargo, el despacho jurídico presentó de manera inmediata un incidente por violación a la suspensión definitiva. Con este recurso, el Juzgado de Distrito requerirá a las autoridades del IMSS para que justifiquen su actuar y, en un plazo estimado de dos semanas, el Tribunal emitirá una resolución sobre este desacato, el cual constituye un delito federal.
El panorama para las empresas afectadas en la región es crítico. El alta ilegal de miles de trabajadores no solo genera adeudos millonarios ante el IMSS, sino que activa alertas automáticas en otras dependencias del Estado.
Existe actualmente una profunda zozobra debido a que la empresa se encuentra bajo la expectativa de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y las Secretarías de Finanzas estatales (por el Impuesto sobre Nóminas) pretendan afincar nuevas responsabilidades hacendarias e iniciar más procedimientos de ejecución por las mismas contrataciones simuladas. El sector patronal advierte que, de continuar esta impunidad institucional, ninguna empresa estará a salvo de ver sus cuentas vaciadas de la noche a la mañana por deudas que nunca contrajeron.
