México crece poco… y todo cuesta más
El panorama financiero de México se mantiene alejado de un escenario de recesión o de una descontrolada espiral inflacionaria. Por esta razón, resulta fundamental analizar los indicadores económicos con prudencia, evitando caer en alarmismos innecesarios pero también eludiendo el conformismo. Durante la primera mitad de agosto, el índice inflacionario interanual experimentó un incremento al situarse en el 3.26%, frente al 3.10% registrado el mes anterior, al tiempo que la inflación subyacente mostró resistencia al ubicarse en un 3.93%. Paralelamente, la actividad productiva nacional experimentó una notable reactivación en el segundo trimestre, registrando un avance del 1.4% en comparación con el periodo previo y un alza interanual del 2.1%. Aunque estas cifras superan las proyecciones más pesimistas de meses atrás, resultan insuficientes para cantar victoria, ya que el ritmo de crecimiento mexicano sigue por debajo del umbral requerido para elevar de forma constante los ingresos de la población, costear los programas sociales y abatir las brechas históricas de desarrollo.
Por sí sola, la cifra de inflación no representa un indicador de emergencia extrema. El indicador general permanece dentro del rango de tolerancia establecido por el Banco de México, el cual se sitúa en un 3% con un margen de variabilidad de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. No obstante, la inflación subyacente —aquella que depura los precios de los productos más inestables para reflejar la presión real sobre el costo de vida— se mantiene estancada cerca del 4%. Ante este panorama, la junta de gobierno de Banxico adopta una postura de alta prudencia y cuenta con un margen de maniobra muy estrecho para reducir con rapidez las tasas de interés, debido a los riesgos latentes en el sector de los servicios. Esta situación se traduce en que el financiamiento continuará siendo costoso para los hogares y el sector corporativo, limitando el uso de la política monetaria como un motor artificial para dinamizar el aparato productivo.
En consecuencia, el verdadero desafío de la economía mexicana no se limita a evaluar si el Producto Interno Bruto avanzó en un periodo específico o si el costo de la vida descendió unas cuantas décimas de punto. La interrogante fundamental que debe plantearse es qué proporción de ese avance macroeconómico se refleja efectivamente en el poder adquisitivo de los hogares y de qué manera se traduce en el fortalecimiento de la infraestructura productiva orientada al mediano y largo plazo.
Un avance económico del dos por ciento puede resultar completamente insustancial si las demandas de la población, el gasto social del Estado y los compromisos fiscales se incrementan a una velocidad superior. De igual modo, una inflación controlada numéricamente no alivia la realidad de millones de familias que perciben costos de vida sumamente elevados, puesto que el encarecimiento acumulado durante periodos anteriores no se revierte con la simple desaceleración del ritmo de incremento de los precios.
Aquí se hace evidente uno de los grandes espejismos de las métricas económicas. La disminución de la inflación no implica un abaratamiento de los bienes y servicios, sino únicamente que estos suben de precio de manera más paulatina. Las familias que sufren el encarecimiento de los alimentos, la renta, el transporte, la colegiatura o los servicios básicos no administran sus finanzas bajo la teoría del Índice Nacional de Precios al Consumidor, sino bajo la realidad de un ingreso limitado que sigue bajo presión constante aun cuando las variables macroeconómicas muestren aparente calma. Por ello, la meta del país debe ir más allá de controlar un porcentaje estadístico, enfocándose en convertir la estabilidad y la productividad en un beneficio tangible para los bolsillos de los ciudadanos.
Mientras tanto, ciertos sectores de la opinión pública nacional y la comentocracia parecen subordinarse de manera dócil a las tendencias e intereses dictados desde el extranjero, actuando casi como réplicas de los análisis generados en los Estados Unidos.
Por otra parte, la nación enfrenta un obstáculo que adquiere mayor notoriedad día con día: la reducción del margen de maniobra en las finanzas del Estado. Las obligaciones relacionadas con el pago de pensiones, las participaciones federales a los estados, los apoyos gubernamentales directos y el costo de la deuda pública absorben una porción masiva del erario, restringiendo drásticamente el presupuesto destinado a la inversión pública. Esta coyuntura obliga a abrir un debate que se ha postergado de forma sistemática: no es viable sostener una política de bienestar a largo plazo si no se cuenta con un sistema productivo sólido capaz de generar los recursos para financiarla.
Los esquemas de apoyo social resultan valiosos, urgentes y esenciales para blindar a los sectores más vulnerables de la población, por lo que sería un error catalogarlos llanamente como un derroche ineficiente. Estos recursos han impulsado los ingresos de millones de hogares y constituyen un componente legítimo para reducir la desigualdad. No obstante, una mejor distribución de la riqueza no puede suplir la creación de la misma. Un gobierno tiene la capacidad de otorgar un subsidio hoy, pero para garantizar la viabilidad de ese beneficio en las próximas décadas se requiere de un tejido empresarial que genere impuestos, puestos de trabajo de calidad y ganancias suficientes para fonear al Estado. El país no se enfrenta a la disyuntiva de elegir entre equidad social o crecimiento económico; resulta indispensable consolidar ambas metas de manera simultánea.
Bajo esta perspectiva, el hecho de que la economía de México haya registrado una expansión interanual del 2.1% durante el segundo trimestre del año abre la puerta a un análisis más riguroso sobre el rumbo del desarrollo nacional.
En el plano internacional, personajes políticos como Donald Trump han tenido que confrontar la realidad de que la imposición de barreras arancelarias se traduce de manera directa en un incremento generalizado de los precios para los consumidores locales.
Aquí se localiza uno de los principales retos para la nación y para la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum. No es suficiente sentarse a esperar de forma pasiva que la relocalización de empresas, el dinamismo comercial de Estados Unidos o la irrupción de nuevas herramientas tecnológicas impulsen la economía desde el exterior. Se vuelve indispensable definir con claridad qué bienes deseamos manufacturar, el valor agregado que pretendemos incorporar y el rol estratégico que buscamos desempeñar en las redes globales de suministro para las siguientes dos décadas. A lo largo de los últimos años, México consolidó una sólida infraestructura industrial, convirtiéndose en una pieza clave para la fabricación automotriz, aeroespacial, agroalimentaria, de componentes electrónicos y de insumos médicos de alta especialización. La cercanía geográfica con la principal potencia mundial, la red de acuerdos comerciales vigentes y una fuerza laboral con amplia experiencia representan fortalezas inigualables. No obstante, la nueva fase del progreso industrial no debe limitarse a albergar plantas de ensamble para productos diseñados y patentados en el extranjero.
El verdadero objetivo no radica únicamente en vender mayores volúmenes al exterior, sino en hacerlo con mayor calidad. Esto implica incrementar de manera sustancial la aportación de valor de origen nacional, perfeccionar los estándares de producción, inyectar dosis de diseño e ingeniería propia, patentar tecnologías mexicanas y adoptar procesos fabriles altamente tecnificados. El triunfo comercial del país no puede medirse solo por la suma millonaria de las exportaciones, sino por el porcentaje de insumos locales incorporados en las mercancías de exportación. Una fábrica que exporta miles de millones de dólares aporta muy poco al crecimiento interno si la totalidad de sus materias primas, su propiedad intelectual y sus servicios especializados provienen de fuera de nuestras fronteras. Por el contrario, cuando en torno a una multinacional se articula una red de proveedores locales capaces de fabricar partes complejas, diseñar metodologías avanzadas, certificar normas internacionales de calidad y expandirse a otros mercados, es cuando la inversión extranjera directa se transforma verdaderamente en prosperidad compartida.
Esta debe plantearse como la principal meta del fenómeno de la relocalización industrial: ir más allá de la captación de naves industriales para enfocarse en la asimilación y permanencia del conocimiento tecnológico en el país. El éxito del nearshoring no se medirá por el número de corporaciones extranjeras que abran operaciones en territorio nacional, sino por la cantidad de pequeños y medianos proveedores locales que logren integrarse a su cadena, la capacitación avanzada que reciban los operarios mexicanos, el ascenso de nuestros ingenieros hacia puestos de investigación y diseño, y la consolidación de empresas locales con capacidad para competir globalmente.
De igual forma, resultaría erróneo suponer que la estrategia de fomento económico debe centrarse de manera exclusiva en sectores de vanguardia como la inteligencia artificial, el desarrollo de microchips, las plataformas digitales o el almacenamiento de datos. Si bien estos ámbitos resultan fundamentales y demandan una participación activa en la competencia internacional, un ecosistema productivo resiliente requiere de una diversificación amplia. Existen ventajas competitivas subexplotadas en áreas como la agroindustria de precisión, el sector biofarmacéutico, la industria química, la producción de herramientas quirúrgicas, la fabricación de maquinaria pesada, el sector aeroespacial, la industria maderera de diseño, el ámbito textil de alta gama, los materiales avanzados de construcción y la optimización de servicios logísticos.
Por ejemplo, si el país lidera la producción de materias primas agrícolas como el aguacate, resulta indispensable transitar hacia la exportación de derivados industriales procesados de alto valor. Si poseemos riqueza forestal, el objetivo debe ser la exportación de mobiliario con diseño contemporáneo; si destaca nuestra actividad minera, debemos escalar hacia la fabricación de aleaciones e insumos industriales complejos. De igual forma, al contar con uno de los clústeres automotrices más consolidados del planeta, es momento de diseñar y programar internamente el software y los sistemas electrónicos de los vehículos del futuro. La nación no puede resignarse a jugar el papel de simple suministrador de materias primas o de maquilador de bajo costo; es momento de escalar en las cadenas globales de valor para retener la riqueza generada.
La consolidación del sector manufacturero e industrial debe asumirse como un eje prioritario en las políticas de Estado, no con el afán de restar importancia a las actividades agrícolas o extractivas, sino con la finalidad de potenciar exponencialmente su rentabilidad. El valor de un kilogramo de recurso natural en bruto es sumamente bajo en comparación con el precio de un producto terminado que ha pasado por procesos de transformación, empaque especializado, certificación internacional, diseño estético y comercialización estratégica. Este incremento sustancial en el precio final constituye el valor agregado, componente donde se define la viabilidad financiera del porvenir del país.
Esta evolución estructural representaría además una solución para mitigar la vulnerabilidad que genera nuestra excesiva dependencia comercial con la Unión Americana. Por obvias razones geográficas y de volumen de mercado, los Estados Unidos se mantendrán como el socio comercial prioritario y sería inviable plantear su sustitución total. No obstante, al diversificar la oferta exportable, elevar las métricas de calidad y registrar marcas propias, el país adquiere la flexibilidad para explorar nuevos nichos comerciales en regiones como Europa, Asia y América Latina sin menoscabo de la relación con el mercado norteamericano. El objetivo de la diversificación comercial no consiste en distanciarse de nuestros socios comerciales del norte, sino en presentarse a las mesas de negociación con un perfil más competitivo. Una economía capaz de proveer bienes de alta tecnología, confiables y difíciles de suplantar posee una fortaleza estratégica muy superior a la de una nación cuya única carta de presentación radica en el bajo costo de su mano de obra.
En este sentido, la excelencia en los procesos resulta indispensable, lo cual pone de manifiesto la relevancia de un factor medular que exige un análisis minucioso: la formación de capital humano calificado. Es imposible consolidar un esquema de manufactura avanzada sin contar con trabajadores con altos niveles de preparación. De nada sirve importar la maquinaria de última generación si el país carece de ingenieros, técnicos especializados, supervisores de línea, programadores informáticos y diseñadores industriales con la habilidad necesaria para operar, optimizar y perfeccionar dichos sistemas productivos. La verdadera competitividad en el mercado global ya no se fundamenta en mantener sueldos castigados, sino en el nivel de conocimientos y competencias que posea la fuerza laboral nacional.
Asimismo, incrementar la productividad laboral no consiste en exigir a los empleados un esfuerzo físico desmedido dentro de sus turnos de trabajo. Se trata de dotarles de herramientas tecnológicas de vanguardia, esquemas organizacionales eficientes, capacitación técnica constante e infraestructura adecuada que les permita elevar el volumen y la calidad de su labor en la misma jornada. Al registrarse un incremento en la productividad, este avance debe verse reflejado directamente en las percepciones salariales de la plantilla laboral. De lo contrario, las estadísticas gubernamentales podrían exhibir mejoras superficiales sin que se registre una verdadera movilidad social ascendente. El reto consiste en activar un círculo de retroalimentación positiva: la atracción de inversiones complejas debe elevar el nivel de preparación laboral; esta destreza técnica debe impulsar la eficiencia y la calidad; la calidad posibilitará la venta de mercancías de mayor costo y rentabilidad; y este superávit deberá irrigar mejores ingresos para quienes hacen posible la producción.
La consolidación de este engranaje virtuoso no se dará de manera fortuita. Requiere de la articulación de políticas gubernamentales coherentes, el desarrollo de infraestructura de primer nivel que garantice el abasto de agua y energía eléctrica limpia, certidumbre en el marco jurídico, mecanismos ágiles de financiamiento, así como la modernización de carreteras, puertos marítimos y vías ferroviarias que agilicen el tránsito de mercancías sin trabas burocráticas. Igualmente, resulta inaplazable estrechar la vinculación entre los centros universitarios, las escuelas técnicas de nivel medio superior, los laboratorios de investigación científica y el sector empresarial para diseñar planes de estudio acordes a las demandas de los nuevos clústeres tecnológicos.
Esto no significa subordinar por completo el sistema de enseñanza pública a las demandas del sector privado. El papel de la academia es integral, y el sano desarrollo de un país requiere de profesionales en el ámbito de las humanidades, las artes, la investigación científica pura y el fomento del criterio propio. No obstante, resultaría perjudicial desatender la necesidad de que una fracción importante de la oferta educativa brinde a los jóvenes herramientas prácticas para desenvolverse exitosamente dentro de un mercado productivo cada vez más exigente e internacionalizado.
En este rubro, el país posee un activo estratégico de incalculable valor que aún no ha sido capitalizado a su máxima capacidad: la juventud de su población en comparación con los mercados desarrollados. Mientras naciones de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y la propia China experimentan un rápido proceso de envejecimiento y una disminución de su fuerza de trabajo activa, nuestro país cuenta con millones de jóvenes listos para insertarse en el mercado productivo durante los años venideros. Sin embargo, este bono demográfico solo representará un beneficio real si viene acompañado de acceso a educación de nivel superior, esquemas de capacitación técnica, servicios de salud eficientes y oportunidades laborales reales. De carecer de este respaldo, el capital juvenil corre el riesgo de transformarse en un factor de descontento y frustración social.
Por lo tanto, la misión crucial de nuestro tiempo va más allá de captar flujos de capital foráneo, orientándose a garantizar que la fuerza de trabajo mexicana ocupe los puestos de mayor jerarquía técnica e intelectual dentro de esas organizaciones. Si logramos atraer corporativos dedicados a la industria de semiconductores, pero la participación nacional se limita a tareas operativas básicas o de intendencia, habremos desperdiciado una oportunidad histórica de desarrollo. En cambio, si los especialistas técnicos asimilan la tecnología, los ingenieros participan directamente en los departamentos de innovación, el personal operativo obtiene certificaciones globales y las empresas proveedoras mexicanas elevan su nivel de complejidad técnica, el país habrá dado un salto definitivo en su productividad nacional.
Este mismo principio debe replicarse en las actividades agrícolas. México es reconocido globalmente por su potencia exportadora de alimentos, pero aún tiene ante sí la oportunidad de multiplicar su rentabilidad mediante la agroindustrialización, procesos de empaque de alta tecnología, técnicas avanzadas de conservación, trazabilidad digital, logística de frío y marcas comerciales con identidad propia. Vender productos agrícolas sin procesar genera beneficios básicos, pero exportar alimentos industrializados con sello nacional, que cumplan con estrictos estándares internacionales, retiene un margen de ganancia muy superior en beneficio de los productores locales. El objetivo no debe limitarse al tonelaje exportado, sino al valor añadido que cada una de esas toneladas logre concentrar internamente.
Para concretar este proyecto de desarrollo se vuelve imprescindible mantener un entorno de estabilidad macroeconómica y certidumbre jurídica. Las inversiones de gran calado no deciden instalarse en un país únicamente atraídas por costos laborales reducidos. Los inversionistas exigen estabilidad en las reglas de juego, suministro energético confiable y sustentable, conectividad logística óptima, tribunales imparciales que hagan valer el estado de derecho y condiciones políticas propicias para la planeación de proyectos plurianuales. Ante una competencia férrea por la atracción de capitales frente a decenas de economías emergentes, la cercanía geográfica con los Estados Unidos no es un factor que garantice por sí mismo el éxito económico de México. La posición geográfica es un beneficio fortuito, pero solo la implementación de políticas públicas asertivas la convertirá en una auténtica ventaja competitiva.
Las autoridades federales han delineado planes orientados a incentivar la incorporación de componentes nacionales en los productos de exportación, fortalecer la proveeduría de origen local y canalizar proyectos de inversión hacia regiones rezagadas. Si bien la orientación de estas políticas públicas es acertada, su eficacia real deberá evaluarse con base en métricas tangibles: el número de empresas nacionales exitosamente vinculadas a los flujos globales de valor, el incremento del capital privado fijo en el país, la reducción de la disparidad económica regional y una mayor sofisticación tecnológica de nuestras exportaciones. México no puede permitir que los beneficios de la globalización se concentren de manera exclusiva en un grupo selecto de entidades federativas. El despegue industrial experimentado en estados de la región norteña y del Bajío ha demostrado los alcances positivos de contar con infraestructura moderna, redes de proveeduría coordinadas y recursos humanos calificados; el reto imperativo ahora radica en replicar e implantar este modelo de oportunidades en el resto de la República, adecuándolo a las potencialidades y vocaciones productivas particulares de cada región.
Es inviable y poco práctico pretender que todas las entidades del país alberguen armadoras automotrices. El éxito de una planeación económica inteligente estriba en detectar las ventajas comparativas específicas de cada estado para potenciarlas, permitiendo que algunas zonas se consoliden en el procesamiento de alimentos a gran escala, otras se especialicen en servicios logísticos multimodales, el turismo de alto impacto, la maquila de dispositivos médicos, la generación de energías sustentables, el desarrollo de software especializado o la manufactura avanzada de nicho.
En este escenario de transformación productiva, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas resulta prioritario. La transición de México hacia una economía basada en el conocimiento y la aportación de valor no puede depender de manera exclusiva de la operación de los grandes corporativos transnacionales. Para lograrlo, el sector de las pymes requiere con urgencia mecanismos accesibles de financiamiento productivo, esquemas ágiles para la obtención de certificaciones internacionales de calidad, acompañamiento técnico especializado, herramientas avanzadas de digitalización de procesos comerciales y canales efectivos de distribución. Solo de esta manera el empresariado local podrá consolidar el perfil requerido para integrarse con éxito como proveedores clave en las cadenas globales de valor, permitiendo que la riqueza generada por la globalización eche raíces profundas en el territorio nacional.
