En el INE, retroceso de tres décadas | Excélsior
En el patio central del Instituto Nacional Electoral (INE), el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027 parecía seguir el guion habitual, con banderas y discursos sobre la certeza de la democracia. No obstante, la foto institucional del arranque del proceso mostró una imagen que rompió con una norma no escrita pero fundamental del México actual: la ausencia física de la Secretaría de Gobernación de las instalaciones del órgano autónomo.
Por primera vez desde el 31 de octubre de 1996, cuando una reforma electoral negociada y consensuada desvinculó al gobierno de la conducción de los comicios, la figura del político encargado de la política interna reapareció en el corazón de las instalaciones de Viaducto Tlalpan. El último que lo hizo fue Emilio Chuayffet.
Desde una perspectiva institucional, algunos argumentarían que la presencia de Rosa Icela Rodríguez fue un mero gesto de cortesía, una señal de cooperación para garantizar la gobernabilidad y la seguridad durante los comicios. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo que el evento fue una muestra de diálogo entre autoridades, enfocándose en asegurar que el proceso se desarrollara en paz. Se trataría, entonces, de un acto de madurez democrática donde el Estado sumara esfuerzos sin comprometer la independencia de las autoridades electorales.
Sin embargo, el hecho de que la Secretaría de Gobernación regresara a las instalaciones del INE no puede ser despreciado por su carga simbólica. Aunque a algunos les pudiera parecer un mero detalle formal en medio de la agitada política, la historia reciente del país recuerda lo mucho que costó sacar a la Secretaría de Gobernación de la organización de las elecciones. Fueron décadas de lucha ciudadana y oposición para transferir la confianza de las urnas a un organismo ciudadano y autónomo.
No es casualidad que en tres ocasiones distintas, secretarias de Gobernación hayan utilizado el micrófono del Ejecutivo para incidir directamente en la agenda electoral. En febrero de 2024, Luisa María Alcalde justificó las reformas electorales del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Luego, en julio del mismo año, regresó para defender el reparto de diputaciones plurinominales. Más recientemente, en febrero de 2026, Rosa Icela Rodríguez repitió el formato para respaldar el proyecto de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cuando la dependencia encargada de la política interna asume públicamente la defensa del proyecto electoral del partido en el poder, su presencia en el recinto autónomo deja de ser un elemento neutro. Si el gobierno actual quería enviar un mensaje claro a México y al mundo de que las elecciones en nuestro país carecen de interferencias indebidas y se disputan en una cancha pareja, lo peor que pudo haber hecho era enviar como representante a la secretaria de Gobernación.
Si el objetivo era garantizar la autonomía del INE, cualquier otro funcionario de menor perfil o de un área distinta pudo haber acudido en representación del Ejecutivo, o la propia Presidenta pudo haber declinado la invitación para evitar enturbiar el ambiente político en un momento tan sensible. El regreso de Gobernación a las instalaciones del instituto autónomo era, en efecto, innecesario. La autonomía del INE no se vulnera únicamente con reformas legales; a veces, su normalización se da a través de imágenes que costó años de esfuerzo erradicar. En la política de los símbolos, la sobriedad y la distancia entre el gobierno y las urnas siguen siendo la mejor garantía para la legitimidad de cualquier triunfo.
