Diputados aprobaron Ley de Salud Mental, pero sin presupuesto mínimo garantizado
En un intento por abordar la creciente problemática de salud mental en la región, el Congreso de Colima ha aprobado una nueva Ley de Salud Mental y Adicciones. Este marco legal busca expandir la atención en diversos niveles, desde los centros de salud y hospitales hasta las escuelas y comunidades, con la finalidad de brindar apoyo a quienes lo requieran.
Si bien la norma establece la implementación de módulos comunitarios, brigadas móviles y servicios en el primer nivel de atención, su puesta en práctica queda sujeta a la disponibilidad presupuestaria. Una propuesta anterior que contemplaba destinar al menos el 3 por ciento del presupuesto estatal asignado al sector salud fue retirada durante el análisis legislativo.
La ley destaca la importancia de acercar la atención a las personas mediante diferentes estrategias. Los módulos comunitarios ofrecerán orientación y atención individual, familiar y grupal, mientras que las brigadas móviles podrán llegar a domicilios, escuelas, albergues y comunidades rurales. Asimismo, se prevén redes de apoyo entre personas usuarias y espacios temporales para quienes egresen de una hospitalización y carezcan de apoyo familiar suficiente.
En los hospitales generales, la norma ordena integrar equipos de salud mental en urgencias, consulta externa y hospitalización. También establece protocolos para atender crisis psicosociales, riesgo suicida y problemas relacionados con el consumo de sustancias. La hospitalización se plantea como una medida extraordinaria y breve, acompañada de un plan de egreso y seguimiento comunitario.
Para las escuelas, la ley establece acciones de detección temprana y prevención del suicidio, la violencia y las adicciones. También se prevén protocolos de atención para estudiantes en riesgo, capacitación del personal y rutas para canalizar los casos a servicios especializados. En situaciones de crisis fuera de los hospitales, la ley prevé activar la atención mediante el 911, enlazado al Centro de Psicoorientación Telefónica, y movilizar equipos comunitarios para intervenir en el lugar.
Las obligaciones establecidas en la ley requerirán personal, capacitación, traslados, infraestructura e insumos. Incluso, el artículo 169 ordena que el financiamiento sea progresivo y contemple esos rubros, pero lo condiciona a la disponibilidad presupuestaria. La Secretaría de Salud instrumentará las acciones correspondientes a 2026 de acuerdo con la suficiencia presupuestal que tenga asignada.
La legislación fija plazos para elaborar un programa de formación profesional, adecuar reglamentos y publicar un protocolo de intervención en crisis. La nueva Ley de Salud Mental y Adicciones entrará en vigor una vez que sea publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
