Censura a la sátira y a la risa
En los inicios del siglo XIX, la ciudad de México fue testigo de la lucha por la libertad de expresión, especialmente en el ámbito de la prensa satírica. Constantino Escalante, un destacado caricaturista político de la época, se vio obligado a huir de la ciudad en 1863, después de que el mariscal Forey suspendiera la publicación del periódico “La Orquesta”, un bisemanario que se había convertido en un exponente de la sátira política.
Escalante se refugió en Real del Monte durante unos meses, pero en agosto de ese año fue detenido por soldados franceses. Según el primer biógrafo de Escalante, Hilarión Frías y Soto, el caricaturista fue llevado a la ciudad de México en una jaula, como si fuera un animal de un circo. La razón detrás de esta medida era la publicación de una caricatura que ridiculizaba al ministro francés Dubois de Saligny, quien se había presentado ebrio en una exposición en Palacio Nacional, dentro de un frasco de coñac.
“La Orquesta”, fundada en 1861 por Hesiquio Hiriarte, Manuel C. de Villegas y Escalante mismo, se convirtió rápidamente en uno de los periódicos más leídos y solicitados de su tiempo. A pesar de los cierres y suspensiones, el periódico logró sobrevivir durante 17 años, gracias a la voluntad de sus editores y a las “migajas de libertad de imprenta” que los gobiernos le ofrecían.
La caricatura era una herramienta poderosa para denunciar la corrupción y la injusticia en una sociedad con altos índices de analfabetismo. El periódico se convirtió en un símbolo de la izquierda y en una bandera para aquellos que luchaban por la libertad de expresión. Sin embargo, la historia se repite, y en la actualidad, la misma izquierda y sus aliados políticos están promoviendo una ley que deja abierta la puerta para castigar a los caricaturistas y creadores de contenidos críticos.
La ley en cuestión no especifica que no se castigará a los creadores de contenidos críticos que utilicen la sátira o la parodia para denunciar la corrupción y la injusticia. De esta manera, se abre la puerta para que los políticos y los funcionarios puedan decidir qué es una violación a la ley y qué es un engaño o un fraude. La historia se repite, y la lucha por la libertad de expresión sigue siendo un tema relevante en la actualidad.
