Publican tarifas de taxi el 7 de octubre, pero el acuerdo fija su entrada en vigor desde el día 3
Colima, México, 7 de octubre de 2026 — El Gobierno del Estado de Colima anunció recientemente las nuevas tarifas para el servicio de taxi, publicadas el 7 de octubre en la edición extraordinaria número 102 del Periódico Oficial ‘El Estado de Colima’. Sin embargo, estas tarifas entrarán en vigor desde el 3 de octubre, es decir, cuatro días antes de su publicación oficial, lo que genera ciertas dudas sobre su cumplimiento respecto a la legislación estatal.
El acuerdo fue aprobado durante la sesión del 22 de septiembre y establece tarifas de arranque entre 25 y 40 pesos, dependiendo del municipio, y cargos adicionales de entre 5 y 9 pesos por cada cruce de zona. En la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, así como en Manzanillo y Tecomán, el arranque está fijado en 40 pesos, con 7 pesos por cruce de zona en la conurbada, 9 en Manzanillo y 5 en Tecomán. Para Armería, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc, la tarifa inicial se sitúa en 35 pesos, con 5 pesos por cruce de zona.
En Minatitlán, la tarifa inicial es de 30 pesos, y en Ixtlahuacán y Quesería, se autoriza un arranque de 25 pesos, con 5 pesos adicionales por cruce de zona. Se han establecido 300 tarifas para recorridos foráneos, incluyendo un traslado de Colima a Manzanillo, con un costo de 1,284 pesos, y de Colima al Aeropuerto Internacional de Manzanillo, por 2,000 pesos.
La disposición legal que rige la publicación de estas tarifas, especificada en el artículo 13, fracción CV, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, exige una difusión con cinco días de anticipación. No obstante, el acuerdo publicado establece la fecha de entrada en vigor como el 3 de octubre, a pesar de la publicación oficial en el Periódico Oficial el 7 de octubre.
La Subsecretaría de Movilidad informó que la nueva tarifa comenzaría a aplicarse a partir de la publicación en el Periódico Oficial, una condición que difiere de la fecha del 3 de octubre finalmente establecida. Esta discrepancia plantea interrogantes sobre el cumplimiento del procedimiento legal y la fecha exacta a partir de la cual se podrían exigir los nuevos cobros.


