Salud, integridad y trato digno, prioridades en los centros penitenciarios: Codhem
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) enfatiza la urgencia de mejorar la protección de los derechos a la salud, la integridad personal y la estancia digna en los centros penitenciarios del estado, frente a diversas problemáticas documentadas, como sobrepoblación, hacinamiento, fallos en la atención médica y el suministro de medicamentos, y condiciones que dificultan la reinserción social.
Aseguró Víctor Leopoldo Delgado Pérez, presidente del organismo, que las personas privadas de la libertad conservan su dignidad y los derechos que no han sido legalmente limitados, por lo que su condición jurídica no debe obstaculizar su acceso a atención médica, alimentación adecuada, agua y trato respetuoso, así como a oportunidades para reconstruir su proyecto de vida.
El derecho a la salud implica atención inmediata, continuidad de tratamientos, disponibilidad de medicamentos y servicios de salud mental. Cuando la capacidad de los centros resulta insuficiente, se deben activar los mecanismos de atención especializada. A estas necesidades se suma el derecho a una estancia digna, que incluye condiciones de higiene, descanso, alimentación y acceso al agua.
Un informe especial de la CNDH sobre el Centro Penitenciario “Juan Fernández Albarrán” en Tlalnepantla, emitido en enero de 2026 tras visitas realizadas en junio de 2025, identificó problemas de infraestructura, atención médica, sobrepoblación y hacinamiento, así como riesgos para la seguridad y la integridad de las personas. Estos hallazgos reafirman la necesidad de supervisión y atención a las condiciones materiales del internamiento.
La protección de la integridad personal y el trato digno exige prevenir agresiones, amenazas, malos tratos y prácticas que pongan en riesgo la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas. Las medidas disciplinarias y las revisiones de seguridad deben respetar la legalidad y permitir el acceso a mecanismos para presentar peticiones y quejas.
La convivencia familiar también requiere protección. En septiembre, la CODHEM llevó a cabo una inspección en Santiaguito y solicitó medidas cautelares tras recibir señalamientos sobre presuntos cobros irregulares y prácticas de revisión que podrían afectar a las personas visitantes. Estos antecedentes subrayan la importancia de que los controles de ingreso respeten la intimidad y la dignidad de las familias, y que cada denuncia sea investigada sin anticipar responsabilidades.
Proteger el derecho a la reinserción social implica asegurar el acceso efectivo a educación, trabajo, capacitación, salud y deporte. Estas actividades deben satisfacer las necesidades de las personas y ofrecerles herramientas para su regreso a la comunidad, conforme a las bases establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La atención debe considerar las necesidades particulares de las mujeres, las personas mayores, quienes viven con discapacidad o enfermedades crónicas y la población de la diversidad sexual. En el caso de las mujeres que permanecen con sus hijas e hijos, resulta indispensable la atención médica especializada, los espacios adecuados para la maternidad y la protección del desarrollo infantil, bajo el principio del interés superior de la niñez.
A través de la Visitaduría Especializada de Atención a Personas Privadas de la Libertad, la Comisión realiza supervisores, atiende quejas, brinda orientación y solicita medidas cautelares. Al corte del 7 de octubre, el organismo reportó su participación como observador en 13 operativos penitenciarios durante 2026, entre ellos las revisiones realizadas en Santiaguito el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre.
La CODHEM reafirma su compromiso de mantener una vigilancia cercana a las personas privadas de la libertad y sus familias. Escuchar sus necesidades, investigar posibles abusos y promover condiciones dignas de internamiento contribuyen a una justicia que proteja a las personas y fomente su reinserción social.
