FGR investigará actuación de empresario en subasta de AHMSA por falta de garantía
La jueza federal Ruth Haggi Huerta dictaminó entregar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar el comportamiento del empresario José Arturo Domínguez Arteaga en la subasta de AHMSA, luego de que no pudo demostrar el depósito de la garantía necesaria para continuar con su oferta de compra de la siderúrgica.
Esta decisión judicial se formalizó en el punto 3 del acuerdo emitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, que concede un plazo de 90 días para que los acreedores privilegiados interesados en adquirir la empresa integren un consorcio, informó Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático.
Leija recordó que Domínguez Arteaga, propietario de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), solo depositó 5 mil pesos, a pesar de que se exigía un depósito garantista de 56.3 millones de dólares. Fue el único postor calificado que presentó una propuesta económica durante la subasta, ofreciendo 1.4 mil millones de dólares por la siderúrgica, una cifra superior al precio mínimo establecido.
El empresario solicitó una prórroga de 90 días para revisar las condiciones financieras y operativas de AHMSA antes de continuar con su intención de compra, pero su petición fue rechazada por la jueza, quien consideró que los interesados dispusieron de tiempo suficiente para conocer la situación de la empresa y evaluar las condiciones necesarias para participar en el procedimiento de venta.
De acuerdo con el resolutivo judicial, la jueza consideró que la falta de acreditación de la garantía impidió que la propuesta de Domínguez Arteaga avanzara conforme a los requisitos establecidos para la subasta, en la que también estaban considerados otros cinco postores previamente calificados.
La determinación judicial se basa en la falta de formalidad y de compromiso del empresario michoacano con las obligaciones asumidas, y su conducta se considera contraventora del principio de buena fe que debe prevalecer en los concursos mercantiles. Además, la jueza determinó remitir el asunto a la FGR para que investigue los hechos y establezca si la conducta del empresario pudiera configurar el delito de falsedad en declaraciones.
