Decreto contra la violencia en redes es insuficiente
Saltillo, Coahuila, 20/10/2026 (Más).- La eliminación de contenido violento en plataformas digitales, aunque bien intencionada, no garantiza una disminución en las agresiones si no se complementa con investigaciones más profundas para identificar a los responsables y monitorear las amenazas, advirtió Karla Patricia Valdés García, quien ocupa el cargo de coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva y directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), al analizar el impacto del decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para proteger a niños y adolescentes en entornos digitales seguros.
Según la experta, las plataformas ya poseen herramientas para denunciar contenido inapropiado y sistemas automatizados que eliminan publicaciones basadas en ciertos criterios. Por lo tanto, considera que el decreto debe evaluarse por sus resultados y no solo por la eliminación de contenido visible en internet. Valdés García sostuvo que “es una cuestión de identificar y sancionar las amenazas, no solo de eliminarlas”.
El 14 de octubre, la presidenta de México firmó un decreto que establece obligaciones para las plataformas digitales con el fin de proteger a menores de edad de contenidos relacionados con discursos de odio, extremismo violento, abuso y violencia sexual, acoso, ciberacoso, violencia escolar, autolesiones y otros materiales considerados de riesgo. Las empresas tienen 30 días naturales para adecuar sus sistemas e informar sobre las medidas implementadas.
Las disposiciones incluyen restringir el acceso y la recomendación de ese tipo de contenidos a niños y adolescentes, retirar publicaciones o cuentas que promuevan la violencia, habilitar canales de denuncia y colaborar con las autoridades investigadoras mediante la preservación y entrega de información relevante. Aunque el decreto es obligatorio, no contempla sanciones directas para las plataformas; el gobierno federal indicó que podría impulsar una ley con medidas punitivas si detecta incumplimientos.
Valdés García anticipó que ciertas consecuencias potenciales de estas restricciones podrían incluir que algunos usuarios busquen otras formas de difundir mensajes violentos, mediante cuentas falsas o espacios digitales distintos. Esto, según la académica, podría dificultar la detección de las publicaciones y mantener el problema, aunque ciertos contenidos dejen de estar disponibles en una plataforma.
La especialista también señaló que aún existen debates sobre la relación entre el consumo de contenidos violentos y la conducta de quienes los buscan. Consideró que ambas situaciones pueden influirse mutuamente: algunas personas pueden verse expuestas a mensajes que refuerzan determinados comportamientos, mientras que otras buscan comunidades digitales donde encuentran afinidad con sus intereses.
Valdés García explicó que las personas tienen un componente biológico, hereditario y genético, distinguiendo la agresividad, que puede formar parte de mecanismos de protección y supervivencia, de la violencia, que implica causar daño de manera consciente. Añadió que los entornos en los que se desenvuelven las personas también pueden influir en la forma en que se manifiestan esas conductas.
Ante este panorama, la especialista propuso que la respuesta institucional debe ir más allá de la moderación de contenidos y contemplar la investigación de amenazas, la identificación de quienes las emiten y la atención que corresponde en cada caso. La desaparición de una publicación, indicó, no debe ser interpretada como si el riesgo hubiera quedado resuelto.
