Conceden a Ernesto Ruffo suspensión definitiva contra vinculación a proceso
Una jueza federal concedió una suspensión definitiva a Ernesto Guillermo Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, en el amparo que promovió contra la vinculación a proceso que se le dictó en julio por el caso de huachicol fiscal por ferrotanques. La resolución fue emitida por Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en Toluca, Estado de México. Aunque no se especificaron los detalles del alcance de la medida cautelar, esta fue confirmada en los registros judiciales del Órgano de Administración Judicial (OAJ).
La sentencia se da después de que Ruffo Appel, quien actualmente cumple prisión domiciliaria, se viera obligado a presentar un amparo debido a su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos. Días después de recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, debido a su edad avanzada y problemas de salud, se tramitó el amparo que resultó en la suspensión provisional y posteriormente la definitiva. Los efectos de estas medidas se desconocen al momento.
Ernesto Guillermo Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición al PRI en el país, pasó un mes en prisión domiciliaria en su hogar de Ensenada, Baja California. Este traslado se llevó a cabo a través de la Guardia Nacional, tras una transferencia desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde estuvo retenido por dos meses y medio. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que cuenta con evidencias sólidas de su participación en el delito, incluyendo dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información. Entre estos documentos, se destaca el papel de Ingemar, la empresa de la que fue accionista y secretario del Consejo de Administración, en una supuesta red de contrabando de combustible que utilizaba ferrotanques. La empresa presentó un comportamiento inusual en sus registros financieros, registrando movimientos millonarios en cuentas nacionales, lo que, según la FGR, resulta incongruente con su perfil fiscal.
