BlackRock disputa los millonarios proyectos de infraestructura de Sheinbaum

Desde sus oficinas ubicadas en una de las torres corporativas más prestigiosas de la Ciudad de México, con vistas panorámicas hacia el Bosque de Chapultepec, BlackRock Inc. mantiene un enfoque estratégico en el desarrollo futuro del país.

El reciente plan propuesto por Claudia Sheinbaum para canalizar capital privado a vastos proyectos de infraestructura ha provocado una intensa competencia entre las más grandes gestoras de activos globales. Dentro de este panorama, BlackRock busca posicionarse sólidamente mediante su división Global Infrastructure Partners (GIP), compitiendo directamente con firmas como Apollo Global Management Inc., que han manifestado planes de invertir hasta veinte mil millones de dólares en México, destinados a diversos proyectos fundamentales, incluido el sector de la infraestructura.

En este contexto altamente competitivo, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock, ha trabajado activamente para fortalecer su vínculo con el gobierno mexicano. En abril pasado, se reunió con Sheinbaum dentro del Palacio Nacional, acompañado por el encargado de GIP, con el propósito de analizar la hoja de ruta de infraestructura que proyecta inversiones significativas: hasta 5.6 billones de pesos en un plazo que llega hasta 2030. Esta fue la segunda ocasión en que Fink visita a la mandataria desde su asunción presidencial a finales del año 2024.

Adicionalmente, en junio pasado, Sergio Méndez, el director de BlackRock en México, sostuvo encuentros con altos funcionarios federales y representantes de otras grandes gestoras de activos. Según reportes confidenciales de personas presentes, estas reuniones se enfocaron en analizar las mejores estructuras para diseñar vehículos de inversión dedicados al sector energético e infraestructura.

El interés por el mercado mexicano ha sido compartido por otros gigantes financieros. Representantes de corporaciones como KKR & Co., Blackstone Inc., Macquarie Asset Management, Copenhagen Infrastructure Partners, Mexico Infrastructure Partners y Alom Infra también han mantenido reuniones con importantes funcionarios del gobierno federal.

La estrategia propuesta por la actual administración se centra particularmente en proyectos energéticos vitales para el fortalecimiento de la red eléctrica nacional. En los últimos meses, ha habido un compromiso creciente —tanto de desarrolladores europeos, estadounidenses como mexicanos— con invertir miles de millones de dólares en energía, superando incluso el volumen de inversión registrado durante la gestión de su antecesora, Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de este optimismo general, ejecutivos del sector y banqueros señalan que las autoridades mexicanas aún no han logrado materializar los mega-proyectos multimillonarios en los que apuntan las principales gestoras. No obstante, BlackRock sí ha conseguido avanzar con ciertos proyectos de menor escala.

Específicamente, se reportó que en junio Atlas Renewable Energy, propiedad de GIP, fue seleccionada para ejecutar un contrato público crucial destinado a la construcción de la planta solar Concepción Mendizábal, nombrada así en honor a la primera ingeniera mexicana. Las fuentes cercanas al asunto indicaron que los términos contractuales detallados para este proyecto, situado en el norte del país, aún no han sido formalizados.

Hace apenas dos meses, Grupo México anunció un acuerdo de fusión notable: uniría sus operaciones de generación eléctrica con Saavi Energía, una filial propiedad de BlackRock. Asimismo, otras fuentes informadas señalaron que BlackRock está interesada en realizar nuevas adquisiciones dentro del sector eléctrico mexicano, el cual atraviesa actualmente un proceso natural de consolidación.

Sin embargo, dichos planes de expansión enfrentan retos considerables por parte de la legislación mexicana. Las gestoras financieras internacionales siguen lidiando con una política energética altamente nacionalista que obliga al gobierno a mantener el control mayoritario sobre estos activos esenciales. La ley requiere que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) conserve un mínimo del 54% de las centrales eléctricas, lo cual ha obstaculizado inversiones y complejizado negociaciones comerciales incluso con Estados Unidos.

Otro factor de preocupación señalado por algunos inversores es la reciente modificación constitucional que estableció la elección popular para jueces, magistrados y ministros en México. Existe el temor entre estos actores financieros de que los jueces electos muestren predilección por el partido gobernante, cuya coalición cuenta con mayorías amplias en el Congreso.

A pesar de enfrentar estos obstáculos normativos, muchos consideran que este representa un momento más favorable para la inversión en México comparado con años anteriores. De hecho, en mayo pasado, Fink había declarado que Latinoamérica se estaba recuperando de un largo periodo de “tiempo perdido” marcado por constantes fluctuaciones políticas.

BlackRock ha cultivado una presencia regional consolidada desde hace varios años, fortaleciendo su negocio tradicional de administración de activos tras adquirir el negocio de Citibanamex en México en 2018. Además, la participación histórica de figuras como Marco Antonio Slim Domit, hijo del multimillonario Carlos Slim, quien formó parte del consejo directivo durante más de una década, añade peso a la estructura corporativa.

Actualmente, el esfuerzo gubernamental por ampliar la apertura al capital privado en infraestructura beneficia directamente otra línea de negocio para BlackRock. Cabe recordar que la apertura energética en 2013 había generado enormes expectativas; sin embargo, estas esperanzas mermaron en 2018 cuando el gobierno detuvo activamente la inversión privada en energía, fortaleciendo a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la CFE.

Las secuelas de esa política regulatoria son evidentes. “México enfrenta un défict alarmante de infraestructura energética,” señaló Rosanety Barrios, exreguladora del sector energético. Esta carencia ha generado una ventana de oportunidad para GIP de BlackRock, dado que la división adquirió en 2021 la empresa mexicana generadora Saavi. En abril mismo, Grupo México formalizó la compra de una participación del 70% en Saavi y su fusión con sus propias divisiones eléctricas.

De acuerdo con fuentes especializadas, GIP mantendrá el control minoritario del 30% en Saavi. Esta decisión estratégica no solo busca fortalecer a ambas corporaciones sino también posicionarlas como actores de mayor dimensión a nivel regional, demostrando la intención clara de BlackRock de profundizar sus inversiones de largo plazo en México.

Más allá de los proyectos energéticos, el fondo también está interesado en respaldar plataformas logísticas clave, tales como puertos marítimos y líneas ferroviarias. Para lograr esto, planean capitalizar su gran tamaño e influencia corporativa para obtener el respaldo formal de la administración actual. Como resumió Sergio Luna, economista jefe y director de nuevos negocios de Grupo Financiero Mifel: “Una empresa gigantesca como BlackRock tiene los recursos para comunicarse directamente con el gobierno mexicano.”

Por su parte, Ana Lilia Moreno, del centro de estudios México Evalúa, explicó que Sheinbaum ha intentado crear espacios para la inversión privada en proyectos respaldados por el Estado. No obstante, se mantiene bajo un marco constitucional energético heredado de su antecesor. “Las reglas del juego son claras: si un proyecto está incluido en la cartera de inversiones estratégicas, el gobierno garantiza su desarrollo,” afirmó Moreno, señalando que esta seguridad atrae a inversionistas como BlackRock.