Perú y México reanudan relaciones diplomáticas
Tras un periodo de significativa tensión diplomática, Perú y México han anunciado oficialmente la reactivación de sus lazos bilaterales. La noticia marca el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, vínculos que se encontraban suspendidos desde noviembre de 2025.
La suspensión del diálogo surgió como consecuencia directa del otorgamiento de asilo político por parte de México a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana. Este movimiento generó profundas repercusiones políticas en Lima y dictaminó la pausa en los intercambios diplomáticos entre ambos países.
A través de un comunicado conjunto, los gobiernos de las Repúblicas del Perú y de México hicieron saber que acordaron reanudar sus relaciones diplomáticas. Ambos estamentos reconocieron los profundos y históricos vínculos que existen entre Perú y México, catalogándolos como pilares de hermandad, amistad y cooperación mutua.
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano emitió un comunicado detallando las acciones del gobierno local. En este contexto, se informó que Perú concedió a Chávez las garantías necesarias y el salvoconducto diplomático. Este gesto se realizó en estricto cumplimiento con los artículos V y XII establecidos en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.
Los acontecimientos judiciales que precipitaron esta situación involucraban un juicio en curso para Chávez, acusado de participación presunta en el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. Ella se había refugiado en la Embajada de México en Lima, alegando ser una víctima de persecución política.
El estado peruano precisó que la emisión del salvoconducto no anula la facultad del gobierno de solicitar potencialmente la extradición de Betssy Chávez. Esta opción estaría disponible si las autoridades judiciales peruanas lo consideran indispensable y siempre que exista el respaldo legal mediante los tratados internacionales firmados entre ambas naciones.
Adicionalmente, el Ejecutivo peruano reforzó su defensa al afirmar categóricamente que no existe evidencia de persecución política en el caso de Chávez. Asimismo, reiteraron el compromiso del país con la observancia irrestricta del Estado de derecho, la separación constitucional de poderes y la garantía fundamental del debido proceso.
Como antecedentes legales cruciales, la Sala Suprema de Justicia peruana condenó formalmente a Chávez el 27 de noviembre de 2025, imponiéndole una pena de once años y cinco meses de prisión por cargos relacionados con conspiración para la rebelión.
Históricamente, las relaciones bilaterales se encuentran en un periodo de altísima tensión que comenzó en diciembre de 2022. Este periodo fue desencadenado tras la destitución y detención de Pedro Castillo, el expresidente (periodo 2021-2022), luego de su controvertido anuncio de declarar un “Gobierno de excepción” e intervenciones simultáneas por parte del Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional.
Como secuela directa, Castillo fue declarado culpable de conspiración para la rebelión, cumpliendo actualmente su condena en una instalación carcelaria ubicada en Lima. Por su parte, México ha mantenido una postura crítica respecto a los acontecimientos políticos, considerándolo un caso de victimización tras la ruptura del orden democrático. Además, el país cuestionó persistentemente la legitimidad del proceso que culminó con la toma de posesión de Dina Boluarte como vicepresidenta.
