¿Adiós al efectivo en 2027? Esto cambiará con la nueva Ley de Economía Digital
La propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca ampliar el uso de transferencias, tarjetas y otros mecanismos electrónicos en México, tanto en operaciones comerciales como en trámites y servicios gubernamentales. Este marco legal obliga a las autoridades federales, estatales y municipales a adoptar estos medios de pago, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a definir los sectores o actividades en los que los pagos digitales podrían convertirse en la única forma de pago legal.
Es importante aclarar que la eliminación total del efectivo no está programada para enero de 2027. La fecha de implementación dependerá de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y de las reglas posteriores para cada sector. El objetivo central es facilitar la adopción de pagos electrónicos entre la población, las empresas y las instituciones públicas, con el fin de disminuir la dependencia del efectivo y permitir operaciones a distancia.
La iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 2026, y fue aprobada por 72 votos en el Senado. Sin embargo, su entrada en vigor dependerá de la publicación en el DOF y de las etapas administrativas siguientes. El artículo 10 de la propuesta indica que las autoridades federales, estatales y municipales deberán habilitar mecanismos para recibir pagos digitales, informar sobre las opciones disponibles y atender cualquier obstáculo que impida su uso.
La ley también contempla a proveedores de bienes y servicios y promueve medidas para facilitar el acceso a herramientas financieras digitales. Se busca reducir la dependencia del efectivo y permitir transacciones a distancia, evitando la necesidad de acudir físicamente a sucursales bancarias o utilizar billetes y monedas.
El artículo primero transitorio establece que el decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, con etapas administrativas posteriores. Según los artículos transitorios tercero y cuarto, Hacienda tendría 15 días hábiles desde la entrada en vigor para determinar los sectores y actividades donde los pagos digitales podrían ser la única alternativa. Posteriormente, las autoridades sectoriales tendrían otros 15 días hábiles para definir condiciones, requisitos y obligaciones.
La propuesta no incluye una lista definitiva de trámites que aceptarían exclusivamente pagos digitales, dejando la definición a Hacienda y a las autoridades competentes. Las dependencias federales, estatales y municipales tendrían que incorporar opciones electrónicas para el cobro de servicios y gestiones. Entre las herramientas contempladas se encuentran las tarjetas de débito y crédito, transferencias electrónicas, códigos QR, dispositivos con tecnología NFC para pagos por proximidad y la domiciliación de cargos autorizados. También podrían incluirse otros medios reconocidos por las disposiciones correspondientes.
La exposición de motivos sostiene que estas opciones pueden reducir costos y tiempos, generar comprobantes electrónicos y facilitar operaciones entre personas ubicadas en lugares distintos. Los registros de movimientos también podrían ayudar a acreditar operaciones y crear historiales para solicitudes de crédito.
Se considera que la propuesta puede ofrecer beneficios como una menor exposición a los riesgos del manejo de efectivo y un mayor acceso a cuentas de ahorro, préstamos y seguros, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la transición requerirá conectividad, infraestructura y acceso suficiente para evitar que algunos sectores de la población queden excluidos.
