Aplaza FGR golpe a grandes factureras
La Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido desistir de la audiencia inicial que había solicitado para imputar y solicitar el procesamiento de los individuos implicados en un caso de lavado de casi 10 mil millones de pesos, considerado uno de los casos más significativos de blanqueo de activos en la última década.
Este caso se refiere a las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como “factureras” de manera definitiva. Según las autoridades, estas empresas lavaron 9 mil 631.8 millones de pesos entre el 3 de enero de 2016 y el 30 de abril de 2018, así como entre el 8 de julio y el 30 de octubre de 2019.
En mayo pasado, Grupo REFORMA publicó la información sobre la judicialización de esta investigación, cuyo monto imputado es similar al presupuesto anual de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que asciende a 9 mil 294 millones de pesos, o al de la Secretaría de Gobernación, que es de 9 mil 959 millones de pesos.
A petición de la FGR, y sin oposición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Juez de Control Erick Adrián García Gómez, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, decidió archivar la causa penal contra las tres personas que iban a ser acusadas por lavado de dinero. En su acuerdo, del 22 de julio, el juez señala que “el representante social de la Federación solicitó que se dejara sin efectos la solicitud de audiencia inicial en el presente asunto por así convenir a sus intereses, petición a la que las partes no se opusieron”.
La Fiscalía decidió desistirse de la audiencia debido a que busca perfeccionar la indagatoria y volver a judicializar el caso contra más personas que aparecen en los registros bancarios y empresariales. Originalmente, la FGR judicializó el caso contra José Luis Pedraza Ávila, Diana Luz Torres García, Teresa García Quintana, Francisco Manuel González Roda, Rafael Solano López y Vicente Estrada Viveros, este último figura clave en la investigación.
El último es el accionista de Lovies y apoderado de Optimización Dalga y OHAT. Solano es accionista en la primera empresa, mientras que Torres y González son accionistas en la segunda; y García y Pedraza en la última. Las razones sociales de estas empresas fueron constituidas en 2015 ante Notarios Públicos de la Ciudad de México y del Edomex. Varias de sus transferencias fueron realizadas a personas físicas de la Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan.
Según la FGR, estas compañías registraron 17 mil 566 depósitos por un total de 9 mil 631.8 millones de pesos, y 55 mil 644 retiros por 9 mil 629.4 millones de pesos durante los períodos mencionados. Este caso es el segundo de lavado de dinero más importante que la FGR ha llevado ante los tribunales en más de una década.
