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A partir de este martes 3 de noviembre, San Luis Potosí introduce nuevas regulaciones en el uso de teléfonos celulares en el ámbito educativo, aplicándose en educación básica con reglas estrictas y en educación media superior con normas orientadas a la responsabilidad. Esta iniciativa surge de la colaboración entre autoridades educativas, docentes, padres y madres de familia, y el Gobierno Federal, con el fin de mejorar el aprendizaje, la concentración y la convivencia escolar.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha impulsado esta medida, respaldada por la aprobación del Congreso estatal, como parte de los esfuerzos nacionales para asegurar un mejor entorno para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Según el mandatario, esta disposición tiene como fin recuperar la atención en las aulas, fomentar el aprovechamiento académico y promover espacios de convivencia que permitan a las y los estudiantes desarrollar sus habilidades de comunicación, creatividad e interacción social.
La nueva disposición se basa en un proceso de análisis, consultas y foros de diálogo con docentes, autoridades educativas y comunidades escolares, así como reuniones participativas con padres y madres de familia. Estos últimos juegan un papel crucial en el establecimiento de acuerdos para aplicar estas medidas de manera ordenada y respetuosa en cada plantel educativo.
En educación básica, la restricción se aplica a todas las actividades dentro del horario escolar, incluyendo periodos de recreo. Excepciones se permiten en situaciones de emergencia, necesidades de salud o actividades pedagógicas previamente determinadas por el personal docente. En educación media superior, cada institución definirá sus propios criterios y acuerdos para el uso seguro y responsable de estos dispositivos.
El objetivo del gobernador es no prohibir el acceso a las herramientas tecnológicas, sino establecer límites adecuados que contribuyan a la formación académica sin afectar la convivencia, la concentración ni el bienestar emocional de las y los estudiantes. El estado seguirá monitoreando la implementación de estas medidas en coordinación con directivos, docentes y familias para promover ambientes de aprendizaje más participativos y seguros.
