Espionaje, difamación y 337 muertos: El saldo violento para la prensa y el activismo con AMLO
En México, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se ha vivido un clima de violencia y agresiones sistemáticas contra periodistas y defensores de derechos humanos. Un informe reciente de la Universidad de Berkeley revela que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, 337 personas de este colectivo han perdido la vida de forma violenta. El estudio, titulado “Bajo Ataque: La Persecución de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en México”, destaca que esta cifra se compone de 78 comunicadores y 259 activistas.
Según los investigadores, los homicidios forman parte de una estrategia más amplia de agresiones sistemáticas que operaron en un entorno de impunidad generalizada. La institución estadounidense documentó que el Estado mexicano no solo falló en proteger a estos colectivos, sino que también utilizó herramientas de espionaje digital como el software Pegasus para vigilar ilegalmente a reporteros y defensores civiles mientras realizaban sus labores de investigación y denuncia.
Además de la violencia física y digital, el informe revela que se sumó un componente de hostigamiento institucional desde el Poder Ejecutivo. A través de un análisis asistido por inteligencia artificial de las conferencias de prensa matutinas, el centro de investigación detectó 2,827 segmentos discursivos dedicados a difamar o descalificar a la prensa. El uso recurrente de calificativos estigmatizantes erosionó la credibilidad de los cuestionamientos periodísticos y justificó indirectamente las agresiones en contra del gremio.
Ante la gravedad y consistencia de los hallazgos, los especialistas de la UC Berkeley School of Law concluyeron que la violencia ejercida y permitida contra estos sectores vulnerables rebasa el ámbito local. Por ello, sugirieron que la magnitud de los ataques estatales y la falta de justicia interna configuran un escenario propicio para que los hechos sean sometidos a un examen preliminar por parte de la Corte Penal Internacional (CPI).
La institución académica creó una plataforma pública con registros de víctimas, 75 expedientes, análisis de más de 1,400 conferencias presidenciales y documentación sobre vigilancia, acoso digital, procesos legales, violencia e impunidad. El informe concluye que se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidades al poder.
