EU desmantela red de matrimonios falsos que facilitaba a migrantes obtener la ciudadanía
Massachusetts, Estados Unidos – Seis individuos fueron acusados de presuntamente operar una red de fraude matrimonial que duró una década, facilitando el estatus legal a migrantes en cambio de una cuota que llegaba a los 40,000 dólares. Entre los acusados se encuentra Jennifer González, de 43 años, originaria de Fall River y ciudadana estadounidense, quien se perfila como la supuesta jefa del grupo. Según las acusaciones, la red habría organizado hasta 20 matrimonios falsos, generando una considerable suma de dinero en beneficio del esquema.
Las autoridades señalan que González pagaba a otras cinco personas para que participaran en las ceremonias de boda, lo que incluye la posibilidad de contraer matrimonio repetidamente para aumentar los ingresos del grupo. Cada inmigrante pagaba entre 38,000 y 40,000 dólares para acceder a lo que se prometía como un beneficio migratorio. Cinco de los seis acusados fueron detenidos el miércoles por la mañana, mientras que el sexto se encuentra detenido bajo una condena anterior relacionada con armas de fuego.
Los seis acusados enfrentan cargos por presuntamente albergar a extranjeros en situación irregular, conspiración para cometer ese delito, asociación delictuosa para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial. La fiscal federal Leah Foley ha indicado que el esquema permitió a sus participantes obtener beneficios económicos a través de la simulación de matrimonios, y que se está investigando el destino de los recursos generados.
Según los fiscales, González habría invertido parte de los ingresos obtenidos en negocios y propiedades en República Dominicana. Además, enfrenta acusaciones relacionadas con el supuesto uso indebido de beneficios públicos, incluidos recursos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Durante la audiencia inicial el miércoles, González compareció ante un tribunal, y se programó una audiencia para el viernes para determinar si permanecería detenida durante el proceso judicial.
El caso se añade a otras investigaciones sobre fraude matrimonial en Estados Unidos, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias durante el gobierno del presidente Donald Trump. En agosto, otras 11 personas fueron acusadas de participar en un esquema similar que presuntamente permitió a cientos de ciudadanos chinos obtener tarjetas de residencia permanente mediante matrimonios simulados, con pagos que alcanzaban los 30,000 dólares.
Las autoridades sostienen que este tipo de operaciones viola los procedimientos migratorios de Estados Unidos y dificulta el proceso de quienes buscan obtener la residencia legalmente.
