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La Junta de Extremadura gestiona casi 2. 500 viviendas públicas en Badajoz y rozan el 100% de ocupación

La Junta de Extremadura gestiona casi 2. 500 viviendas públicas en Badajoz y rozan el 100% de ocupación

La Junta de Extremadura gestiona en la actualidad un total de 2.493 viviendas de promoción pública en la ciudad de Badajoz. Se trata de un parque residencial clave para garantizar el acceso a una vivienda digna a cientos de familias vulnerables en la capital pacense y que, en estos momentos, se encuentra prácticamente al completo en su ocupación. Así lo ha detallado la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en una exhaustiva radiografía del patrimonio público autonómico en la ciudad, en la que se confirman además las actuaciones previas para ampliar la oferta disponible.

Según los datos facilitados por la Junta de Extremadura, la estrategia de la Administración regional en Badajoz se centra en una labor continuada de ampliación, recuperación y mejora del parque residencial. Esta estrategia se ejecuta mediante proyectos de rehabilitación, mantenimiento, reparación y acondicionamiento de inmuebles, con el objetivo prioritario de ponerlos en servicio en régimen de alquiler asequible y garantizar el uso social del patrimonio público.

El desglose facilitado por la Junta muestra una clara concentración geográfica en determinados distritos de la ciudad. Suerte de Saavedra encabeza la lista del parque público en Badajoz de forma muy destacada, al albergar un total de 839 viviendas públicas. Esta cifra supone que un tercio de todo el parque residencial que gestiona la Junta de Extremadura en la ciudad se concentra exclusivamente en este barrio. Este importante volumen de inmuebles se reparte entre las distintas promociones y bloques localizados en calles principales como Camilo José Cela, Olof Palme, Ricardo Carapeto Burgos, Miguel Carrascosa o la plaza Miguel Delibes.

El mapa del alquiler social autonómico se completa con otros núcleos residenciales de gran peso demográfico en la capital pacense. El barrio de Los Colorines cuenta con 248 viviendas públicas; la zona de Las Moreras suma 245 inmuebles; La Luneta dispone de 184; y Cerro de Reyes concentra 178 residencias repartidos en promociones situadas en calles como Grecia, Suecia, Suiza, Bélgica, Luis de Góngora y la avenida principal Pablo Neruda.

Asimismo, la administración autonómica mantiene una presencia muy significativa en otros barrios de la ciudad, entre los que destacan San Roque, con 141 viviendas; Las 800, con 135 unidades; y el Grupo SEPES, que contabiliza 77 inmuebles. A esta red principal se suman diferentes viviendas aisladas o pequeñas promociones repartidas por áreas urbanas muy diversas. Estas abarcan desde el casco histórico en la plaza Alta hasta la barriada de Llera, Pardaleras, Santo Cristo de la Paz, Ventura Reyes Prosper, la avenida de Italia o calles como José María Alcaraz y Alenda, Olga Ramos Sanguino, Doblados o Juan Bautista.

Uno de los aspectos más relevantes señalados por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda es que la práctica totalidad del parque público de vivienda en Badajoz se encuentra actualmente ocupado. Las pocas viviendas que permanecen vacías responde, según aclaran desde el Ejecutivo regional, a expedientes y trámites administrativos en curso, trabajos de adecuación y reparación tras el desalojo de anteriores inquilinos o la fase final de preparación de los inmuebles para su futura repartición.

En este marco de actuaciones de conservación y mejora, la consejería ha ratificado la información adelantada por este medio el pasado agosto: la puesta en marcha de los trabajos para la rehabilitación integral de 40 viviendas de alquiler asequible en el grupo residencial de Suerte de Saavedra. Esta intervención busca reformar 40 inmuebles para alojar a más familias.

Respecto a los procesos de entrega de estas y otras unidades, la consejería subraya que las futuras adjudicaciones estarán condicionadas a la disponibilidad real de viviendas libres y acondicionadas. Las asignaciones se canalizarán a través del procedimiento ordinario de adjudicación o, cuando concurran las circunstancias de emergencia o vulnerabilidad previstas legalmente, mediante la adjudicación directa que contempla la normativa autonómica.

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