Prometieron simplificar trámites; ocho años después, Gobierno admite que creó más burocracia
El Gobierno de Colima reconoció, hace ocho años después, que el modelo adoptado para simplificar trámites y mejorar las regulaciones gubernamentales en el estado, en lugar de lograr su objetivo, terminó por aumentar la burocracia en la revisión de las normas y no logró desplazar el uso del papel ni los trámites presenciales.
Ante este diagnóstico, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva solicitó al Congreso del Estado la reforma del artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con la finalidad de avanzar hacia un modelo de simplificación administrativa y reducir la tramitología.
En la exposición de motivos, el Ejecutivo estatal reconoce que el esquema aplicado para mejorar las regulaciones terminó por complicar su propia revisión, mientras que el uso de la tecnología quedó relegado a una función complementaria.
La Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios fue publicada en 2018, con la finalidad de establecer las bases de esa política en las administraciones estatal y municipal, en concordancia con la legislación nacional vigente en ese momento.
Sin embargo, el diseño de la Ley General de Mejora Regulatoria se concentró en el análisis de impacto regulatorio y en la calidad de las normas mediante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), lo que generó nuevas cargas burocráticas.
“En la práctica, esto derivó en un aumento en la burocracia de la propia revisión regulatoria”, sostiene la iniciativa de reforma constitucional que se encuentra en el Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.
El documento también reconoce que la legislación concebía la tecnología únicamente como un canal accesorio, por lo que “los expedientes físicos y la presencialidad siguieron siendo la regla en la mayoría de los niveles gubernamentales”.
Esto significó que, pese al propósito de simplificación, continuaron como prácticas habituales la entrega de documentos en papel, la integración de expedientes físicos y la necesidad de acudir personalmente a oficinas gubernamentales para realizar diversos procedimientos.
Aunque el Ejecutivo estatal reconoce avances derivados del esquema de mejora regulatoria, también admite que su diseño resultó insuficiente para modificar de fondo esas prácticas.
