Seguridad, inteligencia y el 2028 | Excélsior
Este acuerdo recientemente firmado entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha pasado inadvertido para la opinión pública, pero su relevancia no puede ser subestimada. Se trata de un convenio que establece la interconexión de sistemas de información, brindando acceso a la Guardia Nacional a la Plataforma Central de Inteligencia.
La firma del convenio se realizó por el general Ricardo Trevilla Trejo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el fin de fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado. Este convenio permitirá que los sistemas operativos, bases de datos y registros administrativos de la Guardia Nacional se vinculen directamente con los operados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
A través de esta interconexión, las autoridades podrán cruzar los datos de campo de la Guardia Nacional con el sistema central, facilitando la identificación de patrones delictivos, estructuras financieras y vínculos de organizaciones criminales. El objetivo principal es generar “datos de prueba” sólidos, asegurando que las detenciones se traduzcan en vinculaciones a proceso ante los jueces. Este aspecto es crucial, ya que aproximadamente la mitad de los detenidos por delitos de alto impacto no terminan en prisión o con las condenas que merecen.
Es importante recordar que, a pesar de cuatro décadas luchando contra el crimen organizado, las plataformas de inteligencia no estaban interconectadas. Este vacío ha permitido la ineficiencia y la corrupción. No obstante, Estados Unidos, con 18 agencias de inteligencia operando simultáneamente, ha logrado superar este problema mediante la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que supervisa toda la comunidad de inteligencia y asesora directamente al presidente. Actualmente, el director es Jay Clayton, quien ha jugado un papel crucial en la investigación y obtención de órdenes de captura contra los narcopolíticos de Sinaloa.
Este convenio, junto con el mensaje político que envía al ser presentado conjuntamente por García Harfuch y el general Trevilla, es crucial para lo que viene. En 2028, las Fuerzas Armadas se desempeñarán únicamente en seguridad interior y nacional, trasladando las responsabilidades de seguridad pública a las autoridades civiles y la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, dependiente de la Defensa, se dedicará específicamente a la seguridad pública, con la coordinación de las autoridades civiles en todos los ámbitos.
No obstante, el retiro militar en 2028 implica un desafío significativo. Sin una policía estatal y federal eficiente, la presencia de la Guardia Nacional será insuficiente, independientemente de su coordinación con otras fuerzas federales. Actualmente, solo unos pocos estados y ciudades cuentan con policías capacitadas, y sus operativos dependen de los gobernadores y presidentes municipales. Durante los seis años de gobierno de López Obrador, no se han asignado recursos ni esfuerzos presupuestales a la formación y desarrollo de las policías locales, lo que ha generado ineficiencia y corrupción en muchos estados y municipios.
Desde 2020, los alcaldes han perdido el control de recursos etiquetados exclusivamente para patrullas, chalecos y exámenes de control de confianza. Para que las fuerzas militares regresen a los cuarteles en 2028, los estados deben certificar a sus elementos, mejorar sus salarios y adquirir tecnología de punta. Sin embargo, para la mayoría de los estados, estos objetivos son difíciles de alcanzar sin una fuerte intervención y apoyo federal, que, según el paquete económico 2027, no se vislumbra.
Además, la financiación de los estados es limitada, y el apoyo federal es insuficiente, especialmente en los gobernados por la oposición. A pesar de ello, México destina menos de la mitad del porcentaje del PIB a seguridad que países como Colombia o Chile. Cuando Estados Unidos reclama que México invierta más en seguridad para combatir los grupos narcoterroristas, se refiere a este escenario.
Por lo tanto, este acuerdo entre la Defensa y la Secretaría de Seguridad federal es un paso crucial, unificando sistemas e información de distintos ámbitos para coordinar mejor las acciones. Sin embargo, queda mucho por hacer para garantizar la seguridad pública efectiva en 2028.
