Seguridad Nacional en Ceuta: claves jurídicas del Real Decreto de interés general y el mando único

La implementación de los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional se materializa a través de los reales decretos 681/2026 y 705/2026, complementados por el Real Decreto-ley 22/2026. La interpretación doctrinal define el alcance del mando único y su relación con la LO 4/2000 y el artículo 116 de la Constitución.

El Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, declara la situación de interés general para la Seguridad Nacional en Ceuta, basado en los artículos 23 y 24 de la Ley 36/2015. Este decreto se completa con el Real Decreto 705/2026, de 26 de agosto, que autoriza la declaración de recursos, y con el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, que desarrolla el mando único.

El marco normativo relevante incluye la Ley 36/2015, que establece una categoría intermedia para situaciones de crisis geopolíticas o migratorias que superan el ámbito ordinario, sin requerir la declaración de estados como el del artículo 116 de la Constitución. Los artículos 23 y 24 de esta ley permiten al Consejo de Ministros declarar la situación de interés general y coordinar los medios necesarios bajo una dirección única, sin afectar a derechos ni competencias existentes.

La declaración se refina en los reales decretos 681/2026, modificado por el 706/2026, de 1 de septiembre, y en la declaración de recursos del Real Decreto 705/2026, modificado por el Real Decreto 718/2026, de 2 de septiembre. El desarrollo normativo se refleja en el Real Decreto-ley 22/2026.

El mando único se sitúa dentro del artículo 24 de la LSN y no excluye la aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La articulación administrativa permite acelerar procedimientos en conformidad con el artículo 58.3 de la LO 4/2000 y aplicar la disposición adicional décima, relativa al régimen especial de Ceuta y Melilla.

La declaración no suspende derechos ni altera competencias. Tampoco excluye el control judicial de las normas de desarrollo en materia de regularización. El Real Decreto 1155/2024, modificado por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, sigue pendiente de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa del Tribunal Supremo.

La elección del legislador por un instrumento ordinario, en lugar de los estados excepcionales del artículo 116 de la Constitución, delimita el alcance de la intervención: el mando único reorganiza la dirección y refuerza los medios disponibles, pero no altera el régimen legal de derechos, plazos ni garantías procesales. La declaración de situación de interés general no suspende derechos ni excluye la legislación de extranjería; habilita la movilización coordinada de medios ordinarios bajo dirección única.

Desde la perspectiva técnica normativa, la activación de los artículos 23 y 24 de la LSN consolida un nivel de respuesta intermedio entre la gestión administrativa ordinaria y la suspensión de derechos que caracteriza a los estados de alarma, excepción y sitio. La doctrina jurídica subraya que el mando único opera exclusivamente dentro de la legalidad preexistente y obliga a respetar las exigencias de motivación individualizada en los expedientes de extranjería.

El precedente inmediato en el sistema de protección de la Seguridad Nacional es relevante, pero no constituye jurisprudencia: es la primera vez que se declara formalmente la situación de interés general y el mando único al amparo de la LSN. Los mecanismos anteriores de Canarias o del COVID-19 se apoyaron en instrumentos distintos.

La proyección práctica depende de la capacidad administrativa para tramitar expedientes individualizados, medidas de determinación de edad con intervención del Ministerio Fiscal y entregas conforme a las exigencias del TEDH. A la fecha de esta redacción no consta en el CENDOJ sentencia alguna recaída sobre los reales decretos 681/2026, 705/2026 o el Real Decreto-ley 22/2026.