VIVIENDA | ¿Qué ocurrirá ahora con los desahucios? ¿Cuándo indemnizará el casero al inquilino? 7 preguntas (y respuestas) sobre los decretos de vivienda
La inestabilidad jurídica generada por tres decretos-leyes urgentes sobre el alquiler en un período de siete meses es motivo de preocupación para los arrendatarios y propietarios, según Fernando Franchy Piña, abogado especializado en Lexway. Estos decretos-leyes han provocado numerosas consultas legales, aumentando la incertidumbre sobre sus efectos y aplicaciones.
El primero de estos decretos-leyes, el Real Decreto-ley 8/2026, entró en vigor en marzo y fue derogado al no ser convalidado por el Congreso de los Diputados. En octubre, el Gobierno aprobó otros dos decretos-leyes que recuperaban medidas rechazadas cuatro días antes, entrando en vigor el 8 de octubre y el 15 de noviembre, respectivamente. Ambas normas deben ser convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso antes de su plena efectividad.
El Real Decreto-ley 29/2026 pretende regular el mercado inmobiliario, potenciar la vivienda asequible y frenar la especulación, entre otras medidas. Incluye restricciones a la compra de inmuebles por parte de grandes tenedores, prohibiciones de fraude en alquileres de temporada y habitaciones, limitaciones a subidas de renta, y la introducción de una prórroga extraordinaria y la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. También ofrece incentivos fiscales y ayudas para la compra.
El Real Decreto-ley 28/2026, por su parte, busca reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, entrando en vigor el 15 de noviembre.
Entre las dudas más frecuentes se encuentra la validez de estas normas, que dependen de la convalidación por la Diputación Permanente del Congreso, con un plazo de efectividad vencido alrededor del 21 de noviembre. La suspensión de desahucios de personas vulnerables es un punto controvertido, y su aplicación depende de varios factores legales. También se debate sobre la obligación del propietario de aceptar la prórroga del contrato, y las implicaciones de un burofax de no renovación. La indemnización al inquilino por no renovar el contrato es otra cuestión compleja.
A pesar de la incertidumbre, estas normas buscan mejorar la estabilidad y equidad en el mercado de alquiler, adaptándose a las circunstancias económicas y sociales actuales.
