Citan a Jorge Nacer y otros cuatro investigados a audiencia inicial por fraude en CDMX
Un litigio legal que comenzó hace más de diez años a raíz de la transacción de acciones de la Universidad de Ecatepec, junto con un supuesto desacuerdo en los compromisos financieros, ha llevado a la programación de una comparecencia judicial fijada para el jueves 27 de agosto en las instalaciones del Reclusorio Sur.
Un magistrado de control de la capital del país ha convocado a Jorge Nacer Gobera, Agustín Guillermo Albán Maldonado, Juan Galindo Valadez, David Díaz García y Rogelio Urreola Sánchez para que se presenten a una sesión jurídica inicial, bajo un esquema sin detención previa, debido a una indagatoria por conductas que el marco legal tipifica como fraude.
El encuentro ante las autoridades judiciales se ha pautado para llevarse a cabo el próximo 27 de agosto del año 2026, en punto del mediodía, teniendo como sede la Sala de Oralidad número 3 perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, espacio físico que se localiza en el perímetro del Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
La carpeta de investigación judicial, identificada de manera oficial bajo el número 007/1170/2026, fue formalmente presentada ante los tribunales por la Fiscalía de Investigación Estratégica de Delitos Financieros, un brazo especializado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Los pormenores de este expediente revelan que los afectados directos poseían participaciones en la Universidad de Ecatepec, S.C., y que la disputa legal cobró fuerza a raíz de las negociaciones para la adquisición del 49 por ciento de la representación social de dicho centro de estudios.
De acuerdo con los señalamientos asentados en la acusación, la fecha límite estipulada para saldar el monto total derivado de esta transacción comercial vencía el 8 de mayo del año 2012.
A fin de respaldar la obligación financiera, se acordó el establecimiento de una hipoteca que gravaba un predio conocido bajo la denominación de Falda de Zacatepetl. No obstante, los querellantes argumentan que no fue sino hasta el mes de septiembre de 2019 que, tras consultar las bases de datos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, se percataron de que dicho gravamen no se podía formalizar de manera legal, debido a diversas irregularidades relacionadas con el tracto sucesivo y el correspondiente folio real de la propiedad, aun cuando el trámite contaba previamente con el aval de una notaría.
Las personas perjudicadas señalan además que, tras consumarse la firma del acuerdo, los nuevos adquirentes tomaron las riendas administrativas de la institución educativa. Tiempo después, presuntamente se efectuaron diversas transferencias de propiedad industrial y activos de valor hacia otras empresas y hacia Fibra Educa, un fideicomiso inmobiliario que realiza operaciones de manera pública dentro de la Bolsa Mexicana de Valores.
Todas estas imputaciones se encuentran integradas en la querella formal, la cual será sometida al correspondiente análisis y dictamen por parte del órgano judicial competente dentro de la jurisdicción de la Ciudad de México.
El imputado Jorge Nacer Gobera funge como presidente del conglomerado corporativo Nacer Global, poseyendo una consolidada experiencia en el ámbito de la educación privada del país. A través de este corporativo, ha impulsado a lo largo de varias décadas una sólida red de colegios y universidades particulares.
Por otra parte, Juan Galindo Valadez ejerce hoy en día las funciones de director en el área de Administración y Finanzas del fideicomiso Fibra Educa, una entidad financiera dedicada al arrendamiento de bienes raíces para el sector escolar que cotiza activamente en los mercados bursátiles. Esta firma mantiene al directivo como una de sus piezas clave en el equipo de gestión corporativa.
En lo que respecta a Rogelio Urreola Sánchez, existen registros oficiales que lo vinculan desde hace tiempo con la Universidad ICEL. De hecho, una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2009 lo acreditaba formalmente como el apoderado legal de la razón social ICEL Universidad para gestionar trámites de reconocimiento de validez oficial de estudios.
Finalmente, en lo referente a Agustín Guillermo Albán Maldonado, registros gubernamentales emitidos en Ecuador confirman que fue creador y dirigió como rector por un lapso de siete años la institución Univer Milenium en el Estado de México. Con posterioridad, Albán asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación en territorio ecuatoriano, y para el año 2018 figuró en la terna presidencial propuesta por Lenín Moreno para asumir la Vicepresidencia de aquella nación.
Mientras un amplio número de aspirantes anhela gobernar la demarcación Cuauhtémoc, la presencia de Ale Rojo eclipsa las intenciones del resto. Por otro lado, Isaac Montoya ha reiterado su firme voluntad de dar prioridad y asistencia a los sectores más vulnerables de la población. Asimismo, Luz María Hernández advirtió que no se permitirá la postulación de perfiles vinculados a actividades ilícitas o con antecedentes penales en las planillas electorales. En tanto, Azucena Cisneros aseveró que lograrán rebasar ampliamente las disposiciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el plano del entretenimiento, se ha anunciado que Sabrina ya cuenta con su propio tema musical titulado de forma sugerente y cuyo lema destaca la preferencia de mantener ciertos lazos sentimentales.
¿Habrían introducido las instancias investigadoras nombres específicos para dar forma a sus indagatorias? Surge una interrogante fundamental dentro de este escenario: ¿cuáles señalamientos contaban con un verdadero sustento probatorio y cuántos otros se derivaron de menciones casuales, testimonios de oídas o meros vínculos de carácter laboral?
Una charla confidencial sostenida entre los litigantes José Luis García Miranda, Diego Ruiz Durán y Rafael Espino de la Peña, quien fuera legislador en la cámara alta por el partido Morena y preaspirante a una gubernatura estatal, ha puesto en entredicho las metodologías utilizadas por los órganos de procuración de justicia en las investigaciones ligadas a los conflictos de la Cooperativa Cruz Azul, entidad hoy investigada por presuntas operaciones de procedencia ilícita.
El registro sonoro, capturado de manera interna por uno de los asistentes a dicho encuentro y posteriormente dado a conocer a la opinión pública a través de la plataforma informativa corresponsales.mx, expone un diálogo desconcertante: personajes que presuntamente habrían sido agregados a las actas por decisión de la propia autoridad judicial en el marco de las comparecencias ministeriales, mediante interrogatorios encaminados a señalar a personas específicas, a pesar de que los deponentes no tuvieran conocimiento personal de su participación en los hechos.
El contenido de la grabación plantea un dilema ético sumamente complejo: ¿se realizaban las pesquisas policiales con el objetivo real de esclarecer lo ocurrido, o se buscaban de manera intencionada testimonios que encajaran en una narrativa preconcebida por los propios agentes investigadores?
A lo largo de la charla, Diego Ruiz Durán externa su inconformidad por verse involucrado en una supuesta red de emisión de comprobantes fiscales apócrifos. Ante tal reclamo, José Luis García Miranda aclara que dichas menciones acusatorias no provinieron de una invención de su parte ni de su representado, a quien se refieren únicamente como Alfredo.
La aclaración brindada en el diálogo apunta hacia un panorama distinto: el personal de la fiscalía ya operaba bajo una hipótesis definida, dirigía los cuestionamientos, exhibía expedientes y sugería de forma explícita nombres de presuntos implicados.
Dentro de esa lista de nombres resalta continuamente la mención del litigante Ángel Junquera, quien prestó servicios de asesoría jurídica en diversas etapas a Guillermo Álvarez y a la cementera Cruz Azul.
No obstante, el material de audio resulta esclarecedor en ese sentido: la vinculación de Junquera al caso no provino de un relato voluntario y detallado sobre supuestos delitos cometidos en presencia del testigo, sino que se sugiere que su inclusión se debió a preguntas sumamente específicas y direccionadas por parte de los funcionarios encargados del interrogatorio.
Existe una brecha abismal entre el hecho de que una persona bajo interrogatorio identifique a un abogado o conozca su relación laboral con un tercero, y el tener la certeza directa de que dicho profesionista formó parte activa de una estructura delictiva organizada. Es precisamente en ese punto donde las tácticas de la fiscalía quedan sujetas a un serio escrutinio público.
La plática también detalla que Guillermo Barradas Cendón, señalado por diversos sectores como operador de Julio Scherer y abogado de la parte acusadora en Cruz Azul, estuvo presente de manera activa en el desarrollo de la entrevista ministerial, a pesar de que este proceso es competencia exclusiva del Ministerio Público. Asimismo, se ventila que la diligencia se llevó a cabo en el domicilio particular de Alfredo Álvarez, evidenciando el proceso mediante el cual se redactaban y corregían los testimonios oficiales para descartar imputaciones directas que los declarantes no pudieran sostener de primera mano.
De igual forma, en la reunión se debatieron cuáles identidades debían figurar y cuáles debían omitirse dentro de los expedientes oficiales de la investigación.
Durante la reveladora plática, José Luis García Miranda admite haber alterado cerca de un 80 por ciento de los testimonios ministeriales para ajustarlos a sus propios intereses, omitiendo además asentar datos relativos a transacciones financieras que eran objeto de escrutinio por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en las cuales él mismo se encontraba relacionado, lo que deja ver un evidente conflicto de interés al actuar simultáneamente como defensor de Alfredo y redactar testimonios de la investigación.
De igual modo, García Miranda asegura haber tenido el poder de decisión sobre quiénes debían ser objeto de pesquisas y quiénes debían quedar exentos de las mismas, mencionando de paso que en estas reuniones estuvo involucrado activamente Barradas, el litigante de la cementera Cruz Azul que previamente ha enfrentado acusaciones por el delito de extorsión.
La situación descrita en el material auditivo es de suma gravedad: expone a un órgano de procuración de justicia que acudía a las diligencias con un listado predeterminado de sospechosos, formulando preguntas tendenciosas sobre personas específicas, sin importar si el deponente poseía evidencia fáctica o conocimiento directo sobre las conductas criminales imputadas.
Lo anterior abre la imperiosa necesidad de esclarecer cuántas de las identidades mencionadas en el expediente Cruz Azul surgieron verdaderamente de forma libre e independiente en los testimonios, cuántas fueron inducidas por los investigadores estatales, qué imputaciones se sustentaban en pruebas científicas o documentales válidas y cuántas simplemente correspondían a dichos de terceros, opiniones o relaciones de negocios cotidianas.
Respecto al abogado Ángel Junquera, el intercambio de palabras resulta crucial, dado que aun cuando su nombre es colocado sobre la mesa de discusión, los participantes del diálogo no son capaces de señalar un solo acto ilícito concreto del cual tengan conocimiento directo que incrimine de manera certera al litigante.
Si se llegara a ratificar que las identidades de diversos asesores jurídicos y otros individuos fueron añadidas a los expedientes por medio de interrogatorios inducidos y sin contar con elementos probatorios que los ligaran a actividades delictivas, las instituciones competentes de la procuración de justicia tendrían que ofrecer una justificación exhaustiva sobre estas dudosas prácticas procesales.
En el marco de un proceso penal de gran relevancia mediática, la simple inclusión de un nombre en un expediente puede ser suficiente para arruinar de manera permanente la trayectoria profesional y personal de alguien, en especial cuando dicha información se divulga de forma masiva en la opinión pública como una acusación probada.
De este modo, la grabación arroja serias dudas sobre el desempeño de los agentes encargados de conducir estas indagatorias, dejando en el aire dos cuestionamientos ineludibles para la fiscalía: ¿se enfocaron los esfuerzos en esclarecer sucesos reales para dar con los verdaderos culpables o se recopilaron nombres deliberadamente para convalidar una teoría prefabricada? ¿Ha permitido la FGR, a través de la FEMDO, convertirse en una herramienta que responde a los intereses de actores privados?
Enrique Vargas se perfila con solidez para regresar a gobernar Huixquilucan en el Estado de México, mientras que Isaac Montoya mantiene una tendencia al alza sumamente acelerada en la búsqueda de la reelección para el ayuntamiento de Naucalpan.
Con el horizonte del proceso electoral de 2027 cada vez más próximo, ya se perciben los primeros posicionamientos de las figuras políticas que aspiran a encabezar las planillas municipales en demarcaciones de la zona conurbada mexiquense, tales como Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Huixquilucan.
Quien enfrenta un panorama adverso en sus aspiraciones es el legislador mexiquense Román Cortés Lugo, al registrar una marcada resistencia por parte de los cuadros de base y simpatizantes de Morena en la demarcación de Atizapán de Zaragoza.
Diversas corrientes internas de la zona muestran su desacuerdo ante la posibilidad de que el diputado Cortés Lugo sea impuesto de manera unilateral como el abanderado para la alcaldía de dicho municipio.
Diversos militantes lo catalogan de oportunista político por su salida de las filas de Acción Nacional en el mes de septiembre de 2025, tras haber pertenecido a ese partido por más de dos décadas, para de inmediato sumarse al grupo parlamentario de Morena en el Poder Legislativo local, un movimiento que ha sido criticado como incongruente con la doctrina de la llamada Cuarta Transformación debido a su de sobra conocida trayectoria panista en el Valle de México.
Las bases del partido oficialista sostienen que existen cuadros políticos de mayor arraigo y estrechamente vinculados con los fundadores del movimiento en Atizapán de Zaragoza, mencionando perfiles en franco crecimiento como el de Enrique Contreras, una figura juvenil que suma adeptos de manera constante, junto a Bárbara González y Leylani Richard, una de las figuras más destacadas de la escena política local.
Corresponderá a Luz María Hernández y a Ariadna Montiel evaluar la situación para tomar las decisiones estratégicas definitivas sobre estas candidaturas en el corto plazo.
El liderazgo consolidado de Enrique Vargas del Villar proyecta que Huixquilucan permanecerá firmemente bajo la influencia y control político del Partido Acción Nacional en el próximo periodo.
Tomando en consideración que el municipio de Huixquilucan destaca a nivel nacional como un modelo de administración eficaz y solidez en sus finanzas públicas, todo parece indicar que seguirá posicionándose como el principal baluarte del panismo en el Estado de México, resultado directo de las gestiones consecutivas de Enrique Vargas del Villar y de Romina Contreras Carrasco.
El estudio de opinión pública más reciente realizado por la firma consultora RUBRUM, que analiza los escenarios y preferencias de voto en Huixquilucan con miras al proceso electoral municipal de 2027, sitúa a Acción Nacional como la opción política con mayor arrastre electoral, logrando un margen de ventaja de más de veinte puntos porcentuales en comparación con el partido Morena.
Las cifras indican que el Partido Acción Nacional concentra el 44.6 por ciento de las simpatías del electorado, frente al 22.9 por ciento que obtiene la marca Morena. En tanto, el PRI se sitúa con un 12.8 por ciento, Movimiento Ciudadano capta un 8.5 por ciento de la intención de voto y el Partido Verde Ecologista de México se rezaga con apenas el 1.0 por ciento, quedando un 10.2 por ciento de los encuestados que todavía no han definido su preferencia de voto.
Al interior del panismo local, el hoy senador Enrique Vargas del Villar sobresale de forma contundente como el aspirante natural para abanderar el proyecto por la alcaldía de Huixquilucan, concentrando el respaldo del 81.3 por ciento de los simpatizantes del PAN consultados, muy por encima del 18.7 por ciento que se inclinó por perfiles alternativos.
Los datos estadísticos mensuales demuestran un crecimiento sostenido para Vargas del Villar, cuyo nivel de aceptación pasó del 70 por ciento registrado en febrero a rebasar la barrera del 81 por ciento para el mes de mayo, consolidando su liderazgo indiscutible dentro del panismo huixquiluquense.
Todo indica que el senador está preparado para un eventual retorno a la administración de su municipio natal, donde a pesar de las probables campañas de descrédito que se orquesten en su contra para mermar su popularidad, cuenta con el respaldo de sus resultados de gobierno previos para encarar la competencia electoral.
Por otro lado, resulta evidente que la gestión del presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, se ha traducido en un sólido apoyo popular reflejado en las encuestas, ubicándolo al frente de las preferencias locales.
El desarrollo de su programa social denominado Huellas de la Transformación ha generado una estrecha empatía con la ciudadanía, consolidando una tendencia favorable que parece ensanchar la brecha frente a posibles adversarios conforme avanza su mandato administrativo.
Con miras a la reconfiguración política del 2027, las proyecciones favorecen la continuidad de aquellas gestiones que combinan eficacia en su operatividad con una activa cercanía con la gente, cualidades que caracterizan al gobierno de Montoya Márquez, quien ha logrado materializar de manera ágil sus compromisos iniciales en indicadores tangibles de administración pública.
El panorama partidista mexiquense muestra que Morena cuenta con una robusta base electoral en zonas metropolitanas de gran peso demográfico, como es el caso de Naucalpan.
El ritmo de trabajo y los resultados prácticos presentados por la actual administración naucalpense han calado de forma positiva entre la población, lo que posiciona a Isaac Montoya en una ruta pavimentada con amplias posibilidades de concretar un segundo periodo al frente del gobierno municipal en Naucalpan, Estado de México.
Tras experimentar un año de reclusión, la existencia de Germán Cravioto Fernández dio un giro radical, mientras que en la cúpula política se compara el rol de Claudia Sheinbaum Pardo, limitándolo al ejercicio exclusivo de la Presidencia de México, emulando la polémica postura de Florencia Serranía.
Resulta evidente la afinidad en el actuar y las prácticas familiares que comparten el actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, y su primo consanguíneo, Germán Cravioto Fernández, señalados de buscar el beneficio económico personal a expensas de la función pública y de terceros, sin importar que se recurra a métodos contrarios al marco legal.
El cobijo y la proximidad que mantienen con las altas esferas del poder político nacional los ha hecho conducirse bajo una percepción de impunidad, sintiéndose plenamente respaldados y protegidos por la estructura del partido oficialista Morena.
El mencionado miembro del gabinete encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada ha sido señalado recientemente en relación con un polémico suceso
