Frena Corte cierre de casos de deportación

El gobierno de Estados Unidos está a punto de implementar cambios significativos en la política migratoria que han beneficiado a aproximadamente 360,000 migrantes desde 1990. Esta decisión surge después de una decisión de la Corte Suprema que permitió al gobierno del actual presidente, Donald Trump, limitar la práctica conocida como “cierre administrativo”.

Esta práctica, utilizada por jueces de inmigración, les permite aligerar la carga de los tribunales y evitar la deportación de migrantes que presenten argumentos sólidos para permanecer en el país, especialmente aquellos que han sido víctimas de delitos o menores en situación de abandono. Sin embargo, sus críticos argumentan que es una forma de “amnistía por la puerta trasera” y que no debería ser aplicada de manera discrecional.

Antes de que el gobierno de Joe Biden codificara la práctica en 2024, Trump había intentado prohibirla, pero sin éxito. A pesar de ello, la práctica se ha mantenido en funcionamiento durante décadas, beneficiando a un gran número de migrantes que han logrado evitar la deportación a través de esta medida.

Tras el anuncio de Trump de dejar de defender la política, Texas demandó al gobierno federal ante un tribunal federal. El Departamento de Justicia respaldó la posición de Texas, llevando a un fallo judicial que prohibió la práctica del cierre administrativo. Tres ciudades con grandes poblaciones migrantes y un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes intentaron intervenir en el caso para revertir la sentencia, pero sus solicitudes fueron rechazadas, lo que condujo a una apelación ante la Corte Suprema.

Aunque los jueces no dieron razones específicas para rechazar la apelación, la decisión pone en jaque esta práctica que ha sido crucial para miles de migrantes.