Un chasco de decomiso | Excélsior
El pasado jueves 17 a las 9 de la mañana, el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, anunció en su cuenta de X la incautación de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo. Esta cantidad, inicialmente sorprendente, se traduce en unos 370 mil barriles de petróleo, un volumen equivalente a la producción de dos días de una refinería. La noticia rápidamente fue etiquetada como la mayor incautación de combustible ilegal en la historia del estado.
No obstante, la precisión de la información oficial se ve comprometida en múltiples aspectos. Primero, la cronología de los eventos no se ajusta a las declaraciones iniciales. La intervención de las autoridades federales y estatales en la planta de La Fragua no ocurrió ese día, sino casi dos semanas antes, el 4 de septiembre. Fue entonces cuando agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) se presentaron en el predio, a raíz de un seguimiento derivado de la detención de una pipa en San Luis de la Paz. Las autoridades inspeccionaron la instalación durante dos días, cotejaron la documentación y se retiraron sin clausurar la planta. Cuando el decomiso se anunció como un operativo recién ejecutado, la terminal llevaba varios días operando normalmente.
El fondo del asunto es aún más cuestionable. Menos de 24 horas después del anuncio, la empresa operadora de la planta, Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA, ofreció una aclaración. La compañía sostuvo que la Terminal de Almacenamiento y Suministro opera con total legalidad desde 2017, bajo un permiso expedido por la Comisión Reguladora de Energía con una vigencia de tres décadas. Además, la firma cuenta con todas las autorizaciones ambientales de la ASEA y de transporte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gas Natural del Noroeste también ha sido proveedora de Pemex y es clave en la logística energética del Bajío.
Lo más relevante es la naturaleza del negocio. La terminal presta un servicio público de almacenamiento para terceros, por lo que no es dueña de los 59 millones de litros guardados en sus contenedores; el producto pertenece a empresas comercializadoras e importadoras. Si hubo alguna falla en la documentación aduanal, discrepancias en el pago de impuestos o problemas de trazabilidad del combustible, la responsabilidad recae en los importadores, no en la instalación que custodia el material.
Presentar el inventario total de una planta privada debidamente permisionada como un botín clandestino de la delincuencia organizada es una exageración. La rapidez con la que se buscó presentar este triunfo político, posiblemente para anticipar una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato, ha desacreditado la investigación ministerial. El golpe anunciado como histórico resultó ser solo un chasco informativo, donde la búsqueda de publicidad se adelantó a la verdad legal.
Otra cuestión que agota la atención mediática y diplomática es el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte. Este crimen obligó a la autoridad mexicana a actuar con una urgencia excesiva. Se realizó la detención de Francisco Javier “N”, alias El Trompas, en un intento por demostrar eficiencia ante las presiones de Madrid y el escrutinio de la prensa. Sin embargo, las imágenes de la detención revelaron la fragilidad de nuestro sistema de justicia. El presunto responsable del crimen fue exhibido y trasladado amarrado en la batea de una camioneta tipo pick-up, sin los protocolos mínimos de seguridad y custodia. Un procedimiento tan precario no solo no transmite firmeza frente al crimen, sino que debilita el debido proceso y compromete el caso antes de llegar al juzgado.
